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Una delegación de Bolivia compuesta por varias autoridades de Estado afirmó durante el informe presentado en el marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia del país en 2019 está en investigación para determinar si fue o no legítima.

“En cuanto a la señora Áñez, se encuentran abiertos varios procesos judiciales para establecer sus responsabilidades en los hechos ocurridos, así como su legitimidad, o su falta de legitimidad, como presidenta, así como para esclarecer la complicidad de la que se habría beneficiado para lograr esta función”, dijo la delegación boliviana en una publicación que hizo la ONU en la página oficial.

El informe señala que por ahora Áñez “disfruta de la presunción de inocencia y de todas las garantías procesales fundamentales”. El vocero de la delegación fue César Adalid Siles Bazán, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Estado de Bolivia.

El informe agrega que “Bolivia ha iniciado un proceso judicial para derogar los Decretos de emergencia emitidos por la presidente Áñez, que han permitido responsabilizar a la policía por numerosos actos de tortura y malos tratos”, indicó posteriormente la delegación.

Áñez está presa desde marzo de este año acusada de los supuestos delitos de sedición, conspiración y terrorismo. La demanda fue interpuesta por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

La delegación de Bolivia también estuvo integrada, entre otros, por Iván Manolo Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional y jefe de la delegación; Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno; Miriam Julieta Huacani Zapana, viceministra de Igualdad de Oportunidades; Nelson Marcelo Cox Mayorga, viceministro del Interior y de la Policía y Maira Mariela Macdonal Álvarez, representante permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas en Ginebra.

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