Denunciado por cumplir con su deber; Raúl, el guardián del Madidi

Es oriundo de la comunidad Santa Rosa, municipio de Apolo, hoy cooptado por la minería.

Era ganadero, pero aprovechó una convocatoria del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para descubrir su vocación como guardaparque y su devoción por el medioambiente.

Desde 2010, Raúl Santa Cruz (42), padre de dos niños, uno de ellos en camino, se convirtió en guardián del Parque Nacional Madidi, un trabajo que dice amar. Sin embargo, como muchos otros custodios del bosque, desde hace un tiempo siente que esta labor se está poniendo no solo más difícil, sino también más riesgosa, ya que son cuatro veces las que ha sido agredido.

La última vez fue el 30 de marzo, cuando junto a sus colegas se dirigió al puesto de control Santa Cruz del Valle Ameno, para pedir documentación a los mineros que con maquinaria pesada trataban de cruzar el límite que marca el inicio del área protegida nacional.

En aquel momento, el impase se hizo público en los medios de prensa, y se dijo que el agresor era Ramiro Cuevas Echave, secretario del Consejo de Vigilancia en la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fecoman LP), quien después fue denunciado por ambientalistas por ejercer la minería ilegal en el parque nacional. 

Tiempo después, un juez agroambiental ordenó la militarización del Madidi para retirar a los mineros y sus maquinarias, pero también llegó una notificación a Raúl, y a otro guardaparque, Marcos Uzquiano.

Según los documentos, Cuevas pide tres años de sentencia condenatoria para ambos. Raúl, debe presentarse a declarar el 5 de julio en Apolo, por calumnias y difamación.

De darse una sentencia, tanto Raúl Santa Cruz como Marcos Uzquiano serían inhabilitados como funcionarios públicos y perderían toda posibilidad de seguir cuidando los bosques.

Protector de la biodiversidad
Santa Cruz dijo que siempre le ha gustado la naturaleza, y que tiene un apego especial por el Parque Nacional Madidi, debido a su biodiversidad. 

“Me encanta la naturaleza, me gusta conservarla y quisiera que el Madidi se mantenga protegido. Soy uno de los guardas que desea que el parque no desaparezca, se dice que es un tesoro para siempre y tengo esa convicción y amor”, compartió.

Según Raúl, la gente siempre se ha dedicado a la minería de forma artesanal en la zona de Apolo, pero después llegó la actividad minera mecanizada, sobre todo a la cabecera del río Tuichi.
Confesó que antes era mejor, ya que se trabajaba bien, porque los ‘guardas’ podían entrar a las comunidades a realizar su trabajo de sensibilización con el medioambiente, pero lamentó que con el inicio de la minería ilegal todo cambió. 

“En las comunidades hay trancas, es difícil entrar, incluso dentro del parque, no nos dejan cumplir con nuestras funciones. El problema es que los dirigentes de las comunidades coordinan con los representantes de la minería, diciendo que perjudicamos el desarrollo, etc. Entramos a los lugares, pero nos ponen condiciones, nos dicen qué hacer y qué no hacer durante las inspecciones en las áreas de actividad minera”, cuestionó.

El guardián del Madidi dijo que el día del incidente había chinos, que son los que ahora trabajan como inversionistas en la comunidad Virgen del Rosario, donde Cuevas es dirigente. 

“Los chinos son los dueños de las maquinarias, hay un pacto con los dirigentes de las comunidades, les dan dividendos del oro, y cuando los interpelamos responden que están trabajando con gente del Gobierno, que están amparados por el Gobierno, y que por eso no nos tienen miedo. No somos obstáculo para ellos”, indicó. 

Santa Cruz reconoció que los mineros siempre se salen con la suya, que han sido rebasados, ya que de las comunidades llegan hasta los puestos de control, y con presión meten maquinaria, “se nota que están protegidos”, lamentó Raúl.

PARA SABER
Procesos administrativos
De acuerdo a los guardaparques y a un ex asesor legal del Sernap, Ramiro Cuevas tiene varios procesos administrativos en el Sernap,
pero lamentablemente el sistema se reduce al pago de multas, sin retención de maquinaria, ni acumulación de faltas o instancia penal. Anteriormente, junto con Fecoman, a través de cartas dirigidas al Sernap, Cuevas logró el cambio de destino de Uzquiano. Desde el Sernap aseguraron que lo hicieron para 'protegerlo'.

Aniversario
Este mes, Raúl Santa Cruz celebró 13 años de servicio como personal de contrato en el Madidi, donde prácticamente creció. Una sentencia penal daría lugar a su inhabilitación como guardaparque -igual que a Marcos Uzquiano, ícono internacional de la defensa del Madidi y del jaguar-, sin mencionar que hace más de diez años no recibe un incremento al salario, igual
que los demás guardaparques.

Senadora

Conocida por su defensa ambiental, la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, basada en la alerta dada por comunarios, comunicó que los guardaparques, agredidos y amenazados cuando evitaron el ingreso de maquinaria minera al Madidi el 30 de marzo, ahora están siendo denunciados por cumplir con su deber.

"La denuncia, que sería por difamación y calumnias, habría sido presentada por uno de los dirigentes cooperativistas que actualmente se encuentra denunciado ante el Ministerio Público por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y demandado dentro de un proceso cautelar en el Tribunal Agroambiental (al cual nos adherimos), por ingresar maquinaria para operar ilegalmente en el área protegida", apuntó.

Según la legisladora, esta denuncia pretende victimizar a quienes en realidad devastan el Madidi, haciendo minería aurífera sin permiso de las instituciones competentes y, en muchos casos provocando situaciones de violencia que vulneran derechos humanos, "en un contexto de complicidad e impunidad que le facilita el Gobierno del MAS", arremetió.

Varios realizados por diversas organizaciones, de los que se hizo eco Marcos Orellana, relator de Naciones Unidas para sustancias tóxicas, denunciaron los altos niveles de contaminación por mercurio en pueblos indígenas que habitan los ríos donde opera la minería del oro ilegal.

Se hicieron análisis de laboratorios a los comunarios de varias poblaciones y los datos resultaron alarmantes, lo que viola el Convenio de Minamata, suscrito por Bolivia.

Gobierno y mineros

En mayo de este año, y dando continuidad al cronograma de reuniones con el sector  cooperativista, el Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del Viceministerio de Cooperativas Mineras, se reunió con los representantes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) para conversar sobre diversos temas de interés del sector.

Según el portal del Ministerio de Minería, las mesas de trabajo se realizaron por instrucción del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, que pidió atender las necesidades de los diversos cooperativistas mineros del país.

Asimismo, en noviembre de 2021, Arce Catacora se presentó con los mineros, de los que recibió apoyo por el paro de nueve días en Santa Cruz. El 1 de mayo de este 2023, el presidente del Estado Plurinacional y el vicepresidente David Choquehuanca fueron respaldados por movimientos sociales, COB, sector minero legal y otros.

Algunos de los actores que explotan el oro en los ríos del norte de Potosí y Beni pertenecen a sindicatos y cooperativas reconocidos, pero que ejercen la minería ilegal en zonas consideradas de protección. En el caso de Cuevas, es parte de Fecoman.

Hasta la fecha no se han adoptado medidas radicales, a pesar de las múltiples denuncias, incluida la del relator de la ONU.  

Desde sus redes sociales, el 27 de junio el Sernap informó que, en cumplimiento a las medidas precautorias dictaminadas por el juez agroambiental de La Paz, el cuerpo de protección (guardaparques) del bloque B (Apolo) Madidi, procedieron a desalojar la maquinaria de pesada de la Cooperativa Aurífera Virgen del Rosario, "ubicada en la zona aledaña al río Tuichi, en el área protegida".

Sin embargo, no existen informes públicos sobre las sanciones a los mineros, tampoco se retuvo la maquinaria, y la medida se adelantó a la militarización para paralizar la minería ilegal, ordenada por el juez agroambiental de La Paz.  

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