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Denuncian adoctrinamiento a más de 27.000 funcionarios financiado con fondos del TGN

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 05:55

El curso Políticas públicas para el Vivir Bien era un eje de formación obligatoria. La plataforma académica tenía como referentes al pensamiento de Marx, al líder cubano Fidel Castro y al indianista Fausto Reinaga, quien promovió la Nación Aymara.

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), una entidad educativa estatal destinada especialmente a la capacitación de servidores públicos, emitió 27.416 certificados entre 2018 y 2025 en programas de formación vinculados a corrientes de pensamiento asociadas a Karl Marx, Fidel Castro y del indianista Fausto Reinaga, según el informe presentado por su actual director ejecutivo, Guillermo Mariaca, durante la Rendición Pública de Cuentas Final de 2025.


El dato constituye el principal hallazgo del documento, que sostiene que esta institución operó bajo una orientación doctrinaria durante las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Rendir cuentas implica mostrar qué tipo de formación se impartía. La EGPP no era una escuela al servicio del Estado, sino un espacio que promovía una forma de pensamiento alineada al gobierno de turno”, afirmó Mariaca.


De acuerdo con la evaluación, el curso Políticas Públicas para el Vivir Bien fue el eje central de la formación obligatoria, con contenidos diseñados —según el informe— para “internalizar un horizonte civilizatorio alternativo al capitalismo y la modernidad”.


En ese marco, los programas incluían referentes de izquierda y líderes socialistas con el objetivo de “producir y reproducir el concepto de Estado-poder”, lo que, según Mariaca, derivó en un proceso de “adoctrinamiento consciente” de los funcionarios públicos.


El informe también identifica un componente centralista en la ejecución de estos programas. Solo en 2025, más de 450.000 personas recibieron formación en idioma aymara en La Paz, 83.000 en Cochabamba y 58.000 en Santa Cruz, pese a que el quechua es el más extendido en el país, además de otros idiomas en uso activo en el oriente. 

Desvío de recursos


El reporte incorpora cuestionamientos sobre el uso de recursos de la cooperación internacional. Según Mariaca, la EGPP firmó al menos 44 convenios con municipios rurales con fondos destinados a educación infantil, pero que habrían sido utilizados para cursos con contenido político.


Asimismo, señala la existencia de más de 50 programas formativos no vinculados directamente a la función pública, algunos enfocados en experiencias políticas de Cuba y Venezuela, respaldados —según el reporte— por material audiovisual para capacitaciones


De acuerdo con la rendición de cuentas 2025, ese año la EGPP impartió cursos, diplomados y capacitaciones a más de 200.000 participantes. Del total, el 50% tenía formación de bachillerato o nivel técnico y el otro 50% correspondía a profesionales.


En ese mismo año se emitieron 125.000 certificaciones, con una mayor concentración en el departamento de La Paz. Además, entre 2010 y 2025, los cursos obligatorios más demandados fueron aymara (75.259 capacitaciones) y prevención de la violencia (114.613).

¿Valor académico?


El valor académico de los certificados también fue  objeto de críticas. Especialistas y exalumnos cuestionaron la calidad de la currícula y la preparación de los docentes. “El MAS aprovechó una batalla cultural para imponer una cosmovisión dentro del aparato estatal. Esto terminó condicionando el pensamiento de los funcionarios”, afirmó el politólogo Iván Rada.


En contraste, una exfuncionaria de Cancillería sostuvo que no percibió adoctrinamiento en cursos como el diplomado en Geopolítica del Vivir Bien y destacó el control académico en áreas como el idioma aymara. Sin embargo, admitió que ese tipo de certificaciones “no tiene ningún valor” en su hoja de vida.


Explicó que tomó el curso puesto que mientras trabajaba debía buscar mejorar su preparación y tomó en cuenta que varias actividades diplomáticas organizadas por el canciller de turno estaban, precisamente, enmarcadas en el Vivir Bien. Por eso, le parecía adecuado profundizar su conocimiento con un diplomando que, además, era accesible. La inversión era de Bs 400.


Otras voces, como la de la exfuncionaria Nieves Nina, señalaron irregularidades en la evaluación de los cursos, mientras Karina Cuba, quien fue directora de la Fiscalía especializada en víctimas de atención prioritaria, consideró que el componente ideológico estaba presente de forma “disimulada” en distintas entidades del Estado. 


Cuba recordó que en otros cursos sobre leyes, en la EGPP, se tenía docentes que en su momento fueron reconocidos profesionales, pero con ese gobierno se convirtieron en amplificadores de ese adoctrinamiento ideológico.

La exviceministra de Educación, Aurea Balderrama, rechazó las conclusiones del informe y negó que la EGPP haya sido utilizada para adoctrinamiento político. Aseguró que la institución cumplía funciones técnicas de capacitación en normativa estatal. También afirmó que no se imponían autores como Marx o Castro en los cursos que tomó y defendió el concepto del “Vivir Bien” como un principio constitucional orientado a la armonía con la naturaleza y la sociedad.

Marco institucional


La EGPP fue creada mediante el Decreto Supremo 212 en 2009 con el objetivo de fortalecer la gestión pública a través de la formación de servidores públicos y actores sociales.
No obstante, el informe de la actual gestión instala un debate sobre el contenido y la orientación de esa formación, al evidenciar que más de 27.000 certificaciones fueron emitidas bajo una línea de pensamiento específica.

Hallazgos de la rendición de cuentas

De acuerdo con los datos de la EGPP,  en 2025 se impartió cursos, diplomados, conferencias y otro tipo de capacitaciones a más de 200.000 personas. De los funcionarios que participaron, 50% tiene título de bachillerato o nivel técnico; el 50% eran profesionales.


Además, se emitieron 125.000 certificaciones, siendo La Paz el departamento en el que mayor cantidad de personas se registraron. Los datos también revelan que entre 2010 y 2025 los cursos de carácter “obligatorio” más requeridos por los funcionarios fueron el aymara con 75.259 capacitaciones y en el de prevención de la violencia con 114.613.

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