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“Ya teníamos contrato firmado para el camino San Ignacio-Villa Tunari y el Gobierno de facto ha perjudicado, como la derecha perjudica, está paralizado. Estaba en construcción el camino Rurrenabaque - Riberalta y el año pasado ha hecho paralizar, siendo beniana (la ex presidenta Jeanine Áñez) ha paralizado. Con Lucho presidente, Álex gobernador y Jimmy alcalde vamos a terminar estas grandes obras con caminos pavimentados”, dijo Evo Morales, impulsor de esa carretera, en una intervención en Trinidad.

Antes de este anuncio, ya los ambientalistas habían manifestado su preocupación por el Tipnis, una de las zonas a la que consideran la más amenazada, luego de que en 2011 la Ley 180 de Protección del Tipnis fuera reemplazada, en 2017, por la Ley 969, que elimina la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Sumado a eso, está la división de los indígenas de la zona, la Policía tuvo que intervenir para poner orden en la toma de la sede de la Subcentral Tipnis, en Trinidad.

En el último pronunciamiento público, uno de los grupos denunció prebendas, con la participación de los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), “distorsionando la información, para cooptar a las comunidades y unirlas al pedido de carretera.

Sin embargo, en el caso del Tipnis, Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib), cuestiona que los activistas sigan hablando de la carretera. “No han leído la última ley 969, no es carretera, son sistemas de transporte, carreteras y vías secundarias, se trata de la colonización del Tipnis, que es mucho más grave”, dijo.

La mención del Sernap es una más en el último tiempo, desde que la central a cargo de las áreas protegidas (AP) adoptara una serie de medidas que, según el grupo SOS Áreas Protegidas, va desde designaciones arbitrarias de directores y jefes de protección sin experiencia en el tema y por razones políticas, hasta despidos de guardaparques, reducción de salarios sin consenso, adecuación de los términos de referencia (TDR) de las convocatorias a los perfiles ya designados, exclusión de los comités de gestión en las decisiones y permisos a empresas extractivas.

Precisamente, SOS Áreas Protegidas, además de autoridades de San Ignacio de Velasco y de las comunidades de la TCO Bajo Paraguá, cuestionaron la consolidación, este fin de semana, de la nueva directora del Parque Noel Kempff Mercado, una ingeniera a la que le desconocen experiencia en medio ambiente, pero le atribuyen aval de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc).

Normativa

Carmen Capriles, de Reacción Climática, dice que el debilitamiento de las AP inicia en 2010, cuando a través de una ley las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) se convierten en 2010 en Tierras Indígenas Originarias Campesinas (TIOC).

“Ya no solo son territorios de indígenas, sino que son susceptibles de ser invadidos por movimientos campesinos o interculturales”, explicó Capriles. Según ella, los cocaleros presentes en el Tipnis son resultado de este cambio en la norma.

Cuando entra Evo empieza la desestructuración de las AP, cuando dice que hay que nacionalizarlas y surge una serie de medidas, la mayoría decretos, que promueven las represas, asentamientos, etc.

En mayo de 2015, se dicta el decreto supremo 2366, que se autoriza el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas del país. “Es el decreto más peligroso para las AP porque las abre a las actividades extractivas”, lamentó Capriles.

Solo en 2018, desde la instancia central, se aprobaron tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburos dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, a pesar de la oposición de las comunidades de la zona.

También llegó lo que se conoce como el ‘paquete incendiario’, una serie de normas que flexibilizaron las quemas, ya que redujeron al mínimo los requisitos para realizarlas.

Adolfo Chávez, de los indígenas takana y hoy miembro de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), dijo que se han ido aceptando leyes, decretos y resoluciones ministeriales, de forma paulatina, que favorecían al “charqueo” de los territorios indígenas, y la inserción de colonos, con la palabra TIOC. “Esa propuesta fue del ex asambleísta, ex ministro y ex senador Carlos Romero”, recordó.

Para Chávez, hoy todas las AP corren la misma suerte porque sufren de mala administración, avasallamiento, deforestación, cacería ilegal, contrabando de animales, y narcotráfico.

“No es secreto. En el trópico de Cochabamba, los yuquis y los yuracarés corren peligro por el narcotráfico. En el Tipnis, el Consejo Indígena del Sur (Conisur) está ‘forrado’, la pelea es por dinero. Si exigieran la línea roja afectarían grandes intereses de narcotraficantes, y de paso están temas como la carretera, el oro, el petróleo, etc.”, argumentó.

Villegas dijo que la normativa de periodos anteriores ya era débil, como lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, porque en Bolivia quien daña el medio ambiente es juez y aparte.

“Esta evaluación tiene cuatro categorías, en la 4 no se hace evaluación medioambiental, se exime el examen de impacto. Durante el MAS, esa categoría engordó de tal manera que hasta le metieron actividades hidrocarburíferas, violando la CPE con decretos, como el de 2015”, arguyó.

Para el investigador del Cedib, este nuevo Gobierno está acelerando el paso con la agresión a las AP. “Después de 14 años no lograron tumbar los territorios indígenas, ni hacer la carretera por el Tipnis. Quiere decir que la ciudadanía y los indígenas, con todas sus debilidades, lograron frustrar esos planes. Tampoco entraron a Tariquía, ni al Tipnis; si bien desaparecieron territorios, no cumplieron con el objetivo. Ahora han vuelto y han acelerado, la muestra es el despido masivo de directores”, opinó.

De acuerdo a los mapas de deforestación amazónica, de maaproject.org, actualizados al 27 de enero de 2021. Bolivia ocupa el segundo lugar entre países con mayor pérdida de bosque primario en 2020.

Según un mapa del Cedib, varias áreas concesionadas a la actividad hidrocarburífera quedaban sobrepuestas a áreas protegidas de interés nacional, como el Tipnis y el Parque Nacional Carrasco, algunas sin contrato vigente.

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