El presidente de la caminera, Henry Nina, aseguró que tiene pruebas de que el día en el que supuestamente se realizó la transacción, él no se encontraba en La Paz. No renunciará y anuncia que el lunes demostrará su inocencia en una conferencia

4 de septiembre de 2022, 4:00 AM
4 de septiembre de 2022, 4:00 AM

En una audiencia la Fiscalía señaló que el presidente de la ABC, Henry Nina, en persona junto a su hermana, cobraron $us 1,3 millones en marzo como parte de un soborno de $us 2,6 millones supuestamente comprometidos por una empresa china para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. La autoridad aludida lo desmintió categóricamente.

Durante la audiencia cautelar del viernes un juez determinó detención preventiva en la cárcel de San Roque del empresario Jin Zhengyuan, representante de la empresa china, y del exgerente técnico nacional de ABC, Cristian Mendieta. La Fiscalía mostró una serie de pruebas a las que tuvo acceso EL DEBER.

La principal acusación y revelación que surgió en la audiencia fue que Zhengyuan realizó el pago de una parte de la coima directamente al presidente de la ABC, Henry Nina, y a su hermana. Entre los datos que ofreció la Fiscalía resaltó que el empresario extranjero sacó dinero del Banco Bisa. 

El mecanismo de monetización de la coima entregada a funcionarios de la ABC fue la siguiente: con el 20% de anticipo recibido, el Gerente de CHEC compró facturas a una empresa de alquiler de equipamiento por un valor de 5,3%. A la gente de la ABC se le entregó, inicialmente, el 2% del valor del proyecto, al cual se le redujo el 5,3% resultando en $us 1.350.000. 

Nina, en contacto telefónico con este medio, señaló que no va a renunciar a su cargo, y que el lunes a las 10:00 presentará, en conferencia de prensa, “todas las pruebas de su inocencia”.

Este medio preguntó sobre el cobro de la supuesta coima junto a su hermana. “Absolutamente falso. Que me muestren pruebas. El Banco Bisa debería tener las imágenes que demuestren ese extremo, no hay nada. Tengo dos hermanas, viven en Yungas, están casadas, están allá con sus esposos, vienen muy poco a La Paz”.

Además, señaló que el día que recibió la supuesta coima, él se encontraba en Cobija, con notario, “haciendo una resolución de contrato a otra empresa china. Tengo pasajes y todas las pruebas para demostrarlo”, aseguró.

Los acusadores presentaron un papel en el que se ve de puño y letra de Jin Zhengyuan en hoja membretada de su empresa el cálculo de cifras explicado a la ABC. Esta transacción, según la versión acusadora, se realizó en marzo, una vez que se pagó el anticipo.

El documento señala que Nina, como presidente de la ABC, tomó contacto con la empresa china y solicitó a través del secretario general de la ABC, Freddy Mamani, una ganancia ilícita del 4% del total del monto adjudicado, lo que justifica el cohecho y uso indebido de influencias.

Además, la acusación vincula a Freddy Mamani con el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, porque trabajó para él. El jueves, Montaño, en conferencia de prensa, presentó un certificado de la Cámara de Diputados que señala que Mamani nunca fue su funcionario cuando era diputado del MAS.

Fuentes vinculadas al INRA Santa Cruz señalaron que Mamani dirigió esta institución, y que fue precisamente Edgar Montaño quien lo apoyó para ubicarlo en ese cargo.

La denuncia fue presentada por el diputado del MAS, Héctor Arce, quien le pidió al presidente de la ABC que “por decencia” debe renunciar a su cargo.

Algunos comparan este caso con el de Catler Uniservice, que en 2008 implicó al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. En esa época se conoció que el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach iba a entregar una coima de $us 450.000 para adjudicarse la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, cuando fue asesinado a balazos en La Paz.

En montos de dinero, el caso Catler Uniservice ha quedado chico frente al actual, que implica al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, y a otros nueve funcionarios que presuntamente aceptaron el pago de un soborno de Bs 18,6 millones ($us 2,6 millones) de los cuales ya se pagaron Bs 10 millones ($us 1,3 millones), para direccionar la contratación de Bs 456 millones a la empresa china Harbour Engineering Company (Chec) por la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

Otros delitos

En el documento de acusación señala que en febrero de 2021, Zhengyuan en representación de la empresa Chec, se presentó en las oficinas de John Milton, pseudónimo de un testigo protegido conforme al numeral 1 del artículo 8 de la ley 458 de Protección de Testigos, para solicitar “apoyo profesional en la preparación, presentación y posible consecución de proyectos de infraestructura caminera con empresas estatales y privadas”.

John Milton concretó reuniones de trabajo con diferentes instituciones. En la audiencia se supo que con su ayuda acudieron a la licitación el 27 de diciembre. La comisión de calificación emitió el informe el 5 de enero, la resolución de adjudicación salió el 6 de ese mes. Pero, ese mismo día el exgerente de ABC Cristian Mendieta se comunicó con Zhengyuan y le hizo conocer que la comisión de calificación detectó que la propuesta económica de la empresa china Chec contenía errores técnicos de cálculo que resultarían en la eliminación o pérdida de la adjudicación.

Sin embargo, consta en el documento, los informes de la comisión de calificación y resolución de adjudicación ya habían sido emitidos. Por lo que fue necesario “modificar y reemplazar algunas hojas de la propuesta presentada con errores de cálculos. Tres páginas y dos formularios debían ser cambiados. Por eso le solicitó que lleve la impresora, el foliador y los sellos utilizados en la presentación de su propuesta.

Mendieta concretó una reunión con la comisión de calificación, en la Residencial Bolivia, de Sucre, para intercambiar las hojas modificadas y subsanadas.

Una prueba, presentada en la audiencia, muestra un chat al teléfono del empresario chino en el que le especifican los cambios que se deben realizar en las páginas 275, 293 de la propuesta, además de dos formularios “sin modificar los precios unitarios, ojo”, dicen y le señalan que ya se encontraban en el cuarto del hotel.

El documento señala que la empresa Chec imprimió la propuesta económica y técnica en La Paz, por lo que se vio imposibilitada de cumplir con el requerimiento de tener a la mano la impresora utilizada, llevó el mismo foliador y los sellos.

En la audiencia se presentaron al juez fotografías que el testigo protegido tomó en aquel encuentro en la residencial sucrense, en la que participó el empresario Zhengyuan y el miembro de la comisión calificadora, Juan Carlos Hidalgo Chura, quien está en la lista de procesados.

Mendieta fue enviado el viernes a prisión junto al empresario chino. En la audiencia, su abogado precisó que por pedido del presidente Henry Nina desvinculó a Juan Carlos Hidalgo Chura en el momento en el que se filtró la denuncia. Del mismo modo, sostuvo que Nina pidió a Mendieta que renuncie, lo que también sucedió de inmediato.

El abogado de Mendieta advirtió que Chura Hidalgo y otro miembro de la comisión calificadora eran dependientes de la dirección que su defendido dirigía. Por encima del cargo que tenía Mendieta, en el organigrama, están Freddy Mamani y Nina.

Ante la foto presentada, Henry Nina señaló que desconoce esa situación. “Han debido ser los integrantes de la comisión de calificación. Cada quien debe hacerse responsable de sus actos”. La autoridad caminera advirtió que inmediatamente iniciará “un proceso si es que alguien de la comisión ha participado en esa situación a mis espaldas”.

Con estos argumentos acusan a Nina por el delito de contratos lesivos contra el Estado, porque como presidente de la ABC, conociendo que la empresa Chec no cumplía con los requisitos establecidos en el DBC, y para obtener beneficios económicos, ordenó y autorizó la elaboración pre datada y pre elaborada del informe de la comisión de calificación para luego corregir y reemplazar la documentación. 

Incumplimiento de deberes, porque se rehusó a llevar un proceso transparente de contratación bajo la modalidad de licitación pública, buscó obtener un monto económico ilegal solicitado al representante chino, el mismo que fue efectivizado tras el pago del anticipo.

Conducta antieconómica, porque dirigió la adjudicación a una empresa que no cumplía los requisitos del DBC, favoreciendo a la empresa con un informe de calificación direccionado. No permitió que el Estado adjudique la construcción de la vía a la empresa con la mejor propuesta, ocasionando un daño patrimonial y a los intereses del Estado.

Chec recibió otros trabajos que fueron concesionadas durante el Gobierno de Evo Morales. En abril de 2016 el tramo Santa Rosa-Remanso-Puerto Villazón por un monto de $us 569 millones.
En noviembre de 2016, la construcción de la vía San Borja-San Ignacio de Moxos, por $us 210 millones. En 2017, Trinidad-La Moroña-Guayaramerín-Ramo La Moroña-Puerto Ustárez por $us 1.216 millones. En diciembre de 2018 la rehabilitación de la vía Santa Cruz-Trinidad-San Javier y Puerto Varador-Trinidad, por $us 71 millones. En el caso del tramo Charazani-Apolo-Tumupasa, sus dos tramos fueron aprobados este año por Diputados, serán financiados por Eximbank a un costo de $us 735 millones, de acuerdo con los datos oficiales. Este año comenzó la doble vía en Chuquisaca.

El manuscrito del empresario chino.

El chat entre el empresario chino y un funcionario de ABC.

La otra parte del chat.