Denuncian que Escuela de la Armada funciona sin autorización y Gobierno prepara intervención

La Escuela Marítima (Esma) es una unidad académica que depende de la Armada Boliviana y funciona en La Paz. Estudiantes de esa entidad denunciaron que por falta de autorización del Ministerio de Educación no pueden entregarles títulos, pero les siguen cobrando. El Viceministerio de Defensa del Consumidor ya anunció una intervención a esa entidad.

“Una de las primeras razones para que hayan rechazado su permiso es porque la Esma no es una universidad, el mismo nombre lo dice es Escuela de Especialización para militares navales, es por eso que a los civiles no nos pueden titular, los militares que estudiaron solo necesitan puntos, no les interesa el título”, señala una de las denuncias que llegaron a EL DEBER.

Esma es una “Unidad Académica de Formación, Especialización, Capacitación y Titulación de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre”, según su propio portal y asegura ser una “Universidad de la Armada Boliviana”. EL DEBER se comunicó con esas oficinas solicitando la contraparte de la denuncia. Desde RRPP indicaron que se comunicarían con el director y pidieron 5 minutos para una respuesta, luego de ese tiempo ya no contestaron las llamadas.

El Gobierno, a través del Viceministerio de Defensa del Consumidor, ya adelantó una intervención a la entidad porque, según las palabras del viceministro Jorge Silva, existen muchos antecedentes de institutos superiores y hasta de universidades que abrieron puertas ofreciendo promociones y nunca lograron el permiso de funcionamiento.

“Muchos usuarios nos han hecho conocer que reclaman al Ministerio de Educación, pero que no tienen la repercusión necesaria para precautelar los derechos de la misma población estudiantil. En ese sentido, como ha ocurrido en otras oportunidades, nosotros vamos a intervenir solicitando, en primera instancia, un informe a esta universidad y vamos a exigir al Ministerio de Educación, como también a otras instancias que corresponda, se aplique lo que está establecido en la resolución”, dijo Silva sobre este caso.

Los cobros

En julio de este año, el Ministerio de Educación emitió un comunicado respecto de la situación de Esma; sin embargo los estudiantes, civiles principalmente, denunciaron que les siguen cobrando e incluso, les comunican dónde deben cancelar las cuotas.

“Comunica que la Unidad Académica Escuela Marítima, dependiente de la Universidad Militar ‘Mcal. Bernardino Bilbao Rioja’, está suspendida para realizar inscripciones y/o matriculaciones en el nivel de Pregrado y Postgrado, para la Gestión Académica 11/2022”, señala el texto del comunicado emitido el 25 de julio de este año.

Un día después, Esma publicó una respuesta a ese comunicado, afirmando que esa llamada de atención se refiere a los nuevos programas y semestres y que no afecta a aquellos estudiantes que ya están pasando las respectivas materias. “No siendo afectados los programas y cursos vigentes en desarrollo, que se llevan a cabo actualmente y de manera regular según Resoluciones Ministeriales”, afirma el texto.

Sin embargo, los denunciantes enviaron fotografías de comunicados internos en los que se instruye el pago de las matrículas de los nuevos estudiantes y los pagos desde la primera cuota, los mismos que deben realizarse entre julio y diciembre de este año. El 6 de agosto de este año les comunicaron el pago a través de una entidad bancaria y el comprobante deberían enviar a una dirección o mandar por WhatsApp.

La preocupación de los denunciantes es que, al no tener permiso de funcionamiento, no podrán realizar las titulaciones que ellos están buscando y creen que los altos mandos de la Armada Boliviana desconocen estas irregularidades y buscan una solución pública de este conflicto.

El viceministro Silva alertó que si este instituto militar no soluciona este problema, a satisfacción de las familias de los estudiantes, puede estar cometiendo una serie de delitos y recordó que ya en Santa Cruz se clausuró un instituto que ofrecía formación técnica, pero que carecía de permiso legal, lo que llevó al cierre del mismo con el perjuicio para los afectados.

“Lamentablemente, algunos funcionarios, no son todos, especialmente de las distritales de Educación, les tiembla la mano para hacer respetar las normas, ya hemos tenido este problema con las pensiones escolares, estas reparticiones no han hecho respetar las propias resoluciones del ministerio Educación”, recordó Silva.

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