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La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez denunció que la jueza Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, sin pronunciarse sobre una excepción de incompetencia, procedió a conocer un caso en el que la denunciada es Áñez, pero en su calidad de presidenta del Estado.


“Sobre esta excepción, lo único que tenía que hacer era revisar si era competente o no, de ser competente ampararse en la normativa y decir sí soy competente por esta situación, pero no lo ha hecho, directamente no se ha pronunciado sobre esto y solamente hizo un análisis del por qué sería inconstitucional la presidencia de la exmandataria”, dijo el abogado, Luis Guillén.


La defensa había presentado una excepción de incompetencia contra la juez Claudia Castro por una denuncia de la Empresa Boliviana de Almedras (EBA). Según la denuncia, Áñez posesionó a una responsable que no estaba apta para el cargo, pero esa designación la hizo mientras era Primera Mandataria, por tanto, corresponde un juicio de responsabilidades, recordó el abogado. Una juez de partido no puede juzgar a una ex alta autoridad del Estado.

Pero la juez ya no se pronunció sobre esa demanda, según el abogado solo puso en debate si Áñez era presidenta constitucional y describió sentencias constitucionales, la Ley del Régimen Electoral y otras normas para justificar su discurso.


“La juez Claudia Castro hizo un análisis jurídico en referencia a la asunción del mandato constitucional de la exmandataria, agarró un pronunciamiento sobre la ley del Tribunal Constitucional, relacionándolo con el artículo 10 del Código Procesal Constitucional e hizo una relación con la Ley de Régimen Electoral, el reglamento de la Cámara de Senadores, en síntesis, no ha resuelto la incompetencia, no ha revisado en ningún momento su competencia”, describió el abogado.


Asimismo, recordó que esta misma autoridad judicial se declaró incompetente para conocer la denuncia contra Evo Morales por el caso terrorismo que había presentado el exministro Arturo Murillo. En esa oportunidad, dijo, el caso fue pasado a Sucre; sin embargo, ahora toma una decisión distinta sobre un cargo jerárquico.


Guillén describió que los exmandatarios tienen una Ley, la 044, que juzga a las altas autoridades en el cumplimiento de sus funciones y por tanto su clienta debió ser sometida a juicio de privilegio. 




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