La Fiscalía archivó y desestimó las denuncias que pesan sobre el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por las hechos que protagonizó y encabezó durante las dos jornadas de paro departamental en Santa Cruz (8 y 9 de agosto), cuando comandó grupos de choque del masismo que desbloquearon los puntos instalados por los vecinos que reclamaban que el Gobierno escuche la propuesta para que el Censo de Población y Vivienda se ejecute en 2023.

“El suscrito fiscal de materia desestima la presente denuncia por tratarse la relación fáctica en una figura atípica, debiendo tomarse en cuenta todos los argumentos de orden legal mencionados”, reza el informe de la Fiscalía que fue expuesto por Cadena A.

Entre las denuncias que pesaban sobre Montaño figuraban los siguientes delitos: 
uso indebido de influencias, uso indebido de bienes del Estado, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, organización criminal y tenencia, porte o portación de armas no convencionales.

Las denuncias contra el ministro fueron formuladas, cada una por su lado, por los diputados Jairo Guiteras (Comunidad Ciudadana) y Andrés Romero (Creemos), quienes observaron que Montaño organizó a grupos de masistas para levantar los bloqueos a punta de 'petardazos' y con ayuda de maquinarias y camionetas que supuestamente serían propiedad del Estado.

​Sobre las denuncias, el ministro sostuvo que Camacho es quien envía a los diputados a denunciarlo y expuso que si concretaban los procesos en su contra sería la primera vez en Bolivia que intenten procesar a una autoridad "por hacer cumplir la ley y el derecho ciudadano a la libre circulación", como dice que ocurrió en los días de paro registrados el 8 y 9 de agosto en el departamento cruceño.

Montaño, en lugar de permitir la libre protesta de la ciudadanía que se mostraba a favor de que el Censo de Población y Vivienda se ejecute a finales del primer semestre de 2023, salió a desbloquear causando malestar, y hasta temor, entre los vecinos movilizados.