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Jefes del Tribunal Disciplinario Superior y de la la Fiscalía Departamental Policial de La Paz han sido cambiados en plena investigación por el caso del motín policial de 2019, que ocurrió tras el conflicto generado en Bolivia por los indicios de fraude en las fallidas elecciones de octubre de ese mismo año.

El comandante de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, dispuso el cambio del presidente del Tribunal, coronel Víctor Hugo Soria, uno de los investigados en el caso motín de 2019; la misma suerte corrió el Fiscal policial de La Paz  coronel Justiniano Álvarez, bajo cuya jurisdicción se investiga al menos a 10 efectivos en ese proceso (cuatro coroneles, cuatro subalternos y los dos mencionados). La decisión se dio en medio de denuncias de persecución del Gobierno hacia los uniformados.

Al coronel Soria se le seguía un proceso por este caso, el cual fue descartado, pero luego volvió a activarse, mientras que Álvarez investigaba a 10 de sus camaradas a denuncia del viceministro de Descolonización, Pelagio Condori.

Aguilera confirmó los cambios argumentando que se deben a que ambos jefes policiales tienen denuncias en su contra y que, por tanto, no pueden seguir administrando justicia como “juez y parte”, por lo que se les asignará otras funciones dentro de la Policía.

Víctor Hugo Soria sería uno de los denunciados en el caso motín de 2019. Se indica que habría logrado paralizar esta investigación, según reporta Página Siete.

Las nuevas autoridades

Según la orden de destinos respectiva, a la que tuvo acceso Erbol, el nuevo presidente del Tribunal Superior Disciplinario de la Policía sería el coronel Juan Percy Frías, quien se desempeñó como jefe de la fuerza antidroga durante el mando de Arturo Murillo, cuando este fungía como ministro de Gobierno.

En tanto que el nuevo Fiscal Departamental Policial sería el coronel Julio Ernesto Rivera. Además, se establece la asignación a varios otros cargos desde fiscales hasta auxiliares en del sistema disciplinario policial.

Las representantes de las esposas de los policías en Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz advierten que el Gobierno persigue a los uniformados para encubrir el robo de armas y la quema de unidades policiales ese año, y así proteger a los grupos violentos que buscaban el enfrentamiento con quienes denunciaban el fraude electoral.

“Al contrario, (a esos policías) deberían premiarlos por impedir que en las ciudades se dé un derramamiento de sangre, que es lo que buscaban los masistas”, sostuvo una de las esposas, que pidió mantener en reserva su identidad para evitar represalias.

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