Detectan al menos cinco irregularidades en fallida compra de ambulancias para Potosí
El gobernador Mamani, que en un principio defendió la legalidad del proceso, asegura que se someterá a las pesquisas. La Defensoría del Pueblo recuerda que este tema está vinculado al derecho a la salud en tiempos de pandemia.
La fallida compra de 41 ambulancias para el departamento de Potosí tropezó con al menos cinco irregularidades que ahora son objeto de un proceso administrativo. Los documentos se presentaron al Viceministerio de Transparencia.
1. La observación más importante tiene que ver con el “acta de recepción” de los motorizados. El documento, que se firmó por tres los de cinco integrantes de una comisión técnica, da fe de la entrega de los motorizados, pero ninguno llegó a Potosí.
El gobernador potosino Jhonny Mamani dijo que un informe jurídico recomendó iniciar un proceso jurídico contra esos funcionarios que en su criterio “obraron de mala fe”. El documento se firmó a las 17:00 del 31 de diciembre de 2021.
Por eso, la administración departamental de Potosí puso en la mira a los médicos Jorge Velarde y Alberto Aguirre, además del funcionario David Pozo.
2. La segunda irregularidad está relacionada con la adjudicación. La Gobernación solicitó desde septiembre cotización a unas cinco empresas importadoras de vehículos, pero el 3 de noviembre oficializa el ofrecimiento de Stefan Logistics que ganó el proceso de licitación.
La asambleísta departamental Azucena Fuertes, de la alianza opositora Puka Sonqo (corazón rojo), dijoue la gobernación se inclinó por la propuesta más cara y de una empresa de reciente creación. La operación, suscrita por la gobernación, fue por Bs 20,5 millones.
Luis Humberto Huanca, propietario de la firma que se adjudicó la venta de las 41 ambulancias, dijo que su empresa se formó a fines de agosto de 2021 y no existe ninguna ley que le prive de participar en licitaciones estatales.
3. El empresario aseguró que cumplió con “toda la documentación”, incluso con el NIT de impuestos internos. El registro que está en la minuta de contrato 215/2021 corresponde a una empresa de “mantenimiento de vehículos” y este hecho marca la tercera irregularidad .
4. El gobernador Mamani cambió su versión sobre este caso en varias ocasiones. El lunes afirmó que se produjo “una entrega parcial” de los motorizados, pero tras un informe jurídico admitió la anomalía y anunció procesos.
Primero, Mamani defendió la legalidad de todo el proceso y ante la ausencia de las ambulancias tuvo que activar un proceso administrativo. Aseguró que no erogó “ni un centavo” en favor de Estefan Logistics, pero el proceso está ejecutado en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). Esto generó dudas del pago y es una cuarta observación.
“Me estoy sometiendo a la investigación, en mi condición de funcionario público, al igual que toda la gente que nos acompaña en esta gestión”, puntualizó el cuestionado gobernador.
5. El contrato, firmado el 26 de noviembre, dio 40 días calendario para que las ambulancias sean entregadas. El plazo venció el 6 de enero y esos vehículos no llegaron a Potosí. Huanca dijo que pidió 30 días adicionales para cumplir con la entrega, pero ahora el proceso se disolvió.
El plazo de entrega vencido, la existencia de un acta de recepción y la ausencia de ambulancias adquiridas a una empresa nueva y con un capital de sólo Bs 100.000, además de las contradicciones de gobernador encendieron las alertas en Potosí.
La asambleísta Fuertes pidió un informe detallado al gobernador sobre estas dudas administrativas y la presidenta en ejercicio del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Roxana Graz, presentó una denuncia formal contra el gobernador bajo el cargo de incumplimiento de deberes.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, invocó una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para pedir la intervención del contralor Henry Ara. Se trata, dijo, de un tema prioritario porque las irregularidades afectarían el acceso al derecho a la salud.
“Esa resolución establece que la actuación de los Estados debe ir en conformidad de los principios ‘pro-persona’, de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada”, apuntó Cruz.
