Cuando fue electo magistrado del Tribunal Agroambiental en las elecciones judiciales de 2024, Víctor Hugo Claure se presentó con una promesa clara: devolver la justicia al ciudadano y reconstruir la confianza en un sistema cuestionado.
Nacido en abril de 1977 en Cochabamba, Claure era abogado colegiado con una trayectoria de 18 años de ejercicio profesional, marcada por una especialización sostenida en temas agrarios, territoriales y ambientales.
Su perfil se construyó principalmente en la gestión pública. Durante 10 años trabajó en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la entidad clave en la administración de tierras en Bolivia. Dentro de esa institución, ocupó uno de los cargos más relevantes a nivel regional: fue director departamental del INRA en Cochabamba durante cinco años, donde lideró procesos de sanea-miento, titulación y resolución de conflictos sobre propiedad agraria.
A esa experiencia se suma su paso por el ámbito municipal. Se desempeñó como responsable jurídico de Tierra y Territorio en el Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque durante dos años, fortaleciendo su vínculo con la gestión local y las problemáticas rurales.
En conjunto, acumuló 12 años de experiencia directa en materias agroambientales, agrarias, de recursos naturales y biodiversidad, consolidando un perfil técnico en uno de los campos más complejos del derecho boliviano.
Su carrera también incluyó el ejercicio independiente. Claure trabajó seis años como abogado litigante, centrado en causas agrarias y agroambientales, lo que le permitió combinar conocimiento institucional con práctica judicial directa.
A nivel comunitario, tuvo un rol en la justicia indígena originaria campesina, donde ejerció como secretario de Justicia en la comunidad Urmachea, una experiencia que reforzó su cercanía con estructuras locales de resolución de conflictos.
Su perfil se complementaba con una faceta académica e intelectual. Fue docente en la Universidad Salesiana de Bolivia en 2010 y autor del libro “Juventud Tiraqueña ¿Qué hacer?”, publicado en 2005.
En el plano propositivo, Claure defendía una visión que buscaba equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Planteaba la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, junto con una mayor regulación de la actividad humana, en un contexto donde la presión sobre la tierra y los recursos es creciente.
Tras su elección, su mensaje público en redes sociales combinó gratitud y compromiso. “Agradecer a Dios, a mis papás, a toda la familia y a toda Bolivia por darme esta oportunidad. No les vamos a defraudar”, afirmó.
Pero su discurso iba más allá. Claure hablaba de un cambio estructural: “Que la justicia vuelva al pueblo boliviano y que el pueblo boliviano empiece a confiar”. Su propuesta no era individual, sino colectiva: “Esa responsabilidad no solamente va a ser de mi persona, sino de cada uno de ustedes”.
También planteó un trabajo con alcance nacional, con presencia en los nueve departamentos. “Ese es el reto que hoy asumimos para poder cambiar”, dijo.
El perfil que proyectaba era el de un magistrado técnico, con fuerte experiencia en gestión de tierras y una narrativa orientada a la reforma institucional. Su legitimidad provenía tanto de su trayectoria como del voto popular.
Hoy, tras su asesinato, ese recorrido adquiere otro significado. Sus credenciales, su discurso y su proyecto quedan interrumpidos en un contexto donde la justicia enfrenta no solo cuestionamientos, sino también riesgos crecientes.
Claure representaba una figura que sintetizaba experiencia técnica, vínculo territorial y respaldo ciudadano. Su muerte no solo corta una carrera, sino que deja en suspenso la promesa que marcó su llegada: que la justicia vuelva a ser confiable para la gente.