Un mensaje circuló en redes sociales referido al despido de personal técnico y operativo, pero desde la entidad hablan de una serie de medidas que es parte de la política de austeridad implementada por el Gobierno

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19 de enero de 2021, 14:56 PM
19 de enero de 2021, 14:56 PM

Ante las denuncias que circulan en redes sociales referidas a los despidos de personal técnico y operativo en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desde esa dependencia se aclaró que estas determinaciones y otros ajustes de presupuesto se deben a la política de austeridad implementada por el Gobierno central.

"La Dirección General de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a la Ley Financial N° 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, aplica la reducción del 25% en su gasto corriente, coadyuvando a la reactivación económica impulsada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia", se informó a EL DEBER desde la DGAC.

La denuncia indica que se despidió a parte del personal para proceder a la contratación de nuevos pilotos que no cuentan con los cursos y habilitaciones que se requieren para el desempeño de las específicas funciones de Inspector de Operaciones, considerando que, de acuerdo a las recomendaciones de la OACI, deben recibir como mínimo dos años de instrucción (entrenamiento). 

Pero desde la DGAC aseguran que las acciones que se llevan adelante responden a la búsqueda de reducir el impacto económico provocado por la pandemia del Covid-19. "La DGAC valoriza el compromiso de velar por la seguridad operacional y su trabajo de vigilancia eficientemente", concluye el comunicado.

El Gobierno nacional impulsa una política de austeridad que apunta a precautelar la sostenibilidad financiera a largo plazo, misma que es llevada adelante por el Ministerio de Economía con propuestas de ajuste, previa evaluación de ingresos y gastos.

Se proyecta que cada entidad debe ajustar estructuras organizacionales, evitando duplicidad de objetivos y atribuciones al interior de las mismas para reducir el gasto, en el marco de los límites financieros establecidos en la normativa vigente.