El primer acercamiento formal entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), después de 48 días de conflicto y 43 jornadas de bloqueos, terminó anoche sin un acuerdo definitivo y bajo una presión creciente de sectores ciudadanos que exigen el restablecimiento de su derecho a circular por un país sin bloqueos.
El diálogo se instaló tras varias convocatorias. La cita fue primero para las 09:00; luego para las 11:00, y finalmente se logró abrir el diálogo al final de la tarde de ayer. El presidente Rodrigo Paz abrió la reunión con un llamado a la reconciliación y aseguró que el país debía encontrar una salida dentro de la Constitución y sin confrontaciones. “El vivir bien evidentemente no es con bloqueos ni haciéndonos daño entre bolivianos, sino mediante la búsqueda del diálogo”, afirmó.
Paz sostuvo que mantuvo una conducta de no confrontación durante las semanas de crisis, a la espera de que existieran condiciones para instalar una negociación. Fue como una respuesta a los sectores ciudadanos y productivos que le habían exigido aplicar un estado de excepción o medidas para resolver el conflicto. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, por ejemplo, había señalado que “la democracia no se negocia”.
La COB, que había salido a protestar para exigir la renuncia de Paz, ayer ya no se subió a esa demanda, pero puso la liberación de los detenidos durante las protestas como condición para dialogar. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, advirtió que no se podía avanzar en acuerdos mientras sus bases y dirigentes permanecieran procesados. El mismo fue encausado por los saqueos que se produjeron el 18 de mayo en La Paz en el contexto de una violenta protesta que había sido convovada por los dirigentes de su sector. “Lo primordial y principal va a ser la liberación de nuestros detenidos. Si no, ante la población y ante nuestras bases, esto va a ser una traición”, manifestó anoche al dejar la sede de la reunión y tras un cuarto intermedio en las negociaciones que aún están activas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, precisó que “se hará una evaluación jurídica para responder al condicionamiento cobista, mientras que su colega de Defensa, Ernesto Justiniano, complementó: “Lo importante es que se va a respetar la ley y se analizará caso por caso”.
Con esas posturas se activó un cuarto intermedio en el diálogo que se debería rertomar hoy.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, en los casi 50 días de conflicto fueron arrestadas unas 360 personas. La mayoría recuperó su libertad, pero más de 100 permanece procesada o con detención preventiva en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.
Si bien anoche hubo un avance con la COB, el escenario es todavía más complejo por la posición de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. Su ejecutivo, Vicente Salazar, negó que la organización haya ingresado a un diálogo y afirmó que únicamente entregó una “última conminatoria” al Gobierno.
Los campesinos plantean cinco condiciones, entre ellas la liberación de los detenidos, el cese de la persecución política, respeto a la wiphala y a la indumentaria originaria, además de respuestas concretas a la crisis económica.
Salazar afirmó que no acudirá a ninguna reunión sin la autorización de las 20 provincias y ratificó que los bloqueos continuarán. “Queremos pedir comprensión y solidaridad. Pedimos disculpas a la población, porque esta pelea es para todo el Estado Plurinacional”, sostuvo el dirigente.
Mientras tanto, en Cochabamba, el gobernador Leonardo Loza volvió a pedir “pausa humanitaria” en los bloqueos, pero aclaró que no está solicitando el desbloqueo. Reconoció que casi el 90% de los medicamentos utilizados en el departamento llega desde Santa Cruz y anunció el envío de alimentos, agua y medicinas a transportistas atrapados en la ruta que une su región con Oruro.
“Solo pedimos que puedan hacer una especie de pausa humanitaria”, manifestó la autoridad, que horas antes había sido declarada persona no grata por un cabildo ciudadano que le reprochó su inacción frente a los bloqueos. Loza advirtió además que “sería feo” que la COB incurriera en una “traición” a los sectores movilizados, aunque expresó su expectativa por una salida al conflicto.
El economista Gonzalo Chávez sostuvo que el plan de “pacificación” de la COB ahora busca convertir una derrota política en una victoria discursiva. En su análisis, cuestiona que la organización exija “garantías y liberación de detenidos”sin reconocer el daño económico causado.
Ayer en Cochabamba, productores de leche intentaron tomar el aeropuerto Jorge Wilstermann para demandar el estado de excepción y la recuperación de control de las carreteras del país.