La familia del exdefensor del Pueblo solicitó en 14 oportunidades una prueba de sangre que la parte denunciante (por el delito de abandono de embarazada) rechaza

3 de marzo de 2022, 21:31 PM
3 de marzo de 2022, 21:31 PM

Detención domiciliaria y arraigo son las dos medidas que dictó el juez Santos Ayala en contra del ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, la familia de este adelantó que el también ex rector de la UMSA no puede acceder a una justicia imparcial y por eso acudirán a tribunales internacionales para hacer valer los derechos del activista social.


“El juez llegó a la ridiculez de decir que en Bolivia es un delito embarazar a una mujer fuera del matrimonio. No tenía ningún argumento para detener a Waldo (Albarracín), no podemos esperar justicia en Bolivia”, declaró Franco Albarracín, hijo del exdefensor.


El 9 de febrero la fiscal, Alejandra Claros presentó la imputación formal en contra de Albarracín y se había fijado la audiencia cautelar para el 22 de febrero, pero la misma fue suspendida. La denuncia data de 2021 cuando J.Z.A.P. denunció que fue abandonada cuando tenía cinco meses de embarazo y reclamaba la paternidad. En ese entonces, Albarracín negó la sindicación.


Este jueves el hijo del exdefensor, dijo que ellos insistieron en 14 oportunidades para que ambas partes se realicen una prueba de sangre y despejar las dudas; sin embargo, la parte demandante nunca quiso someterse a la prueba, ofrecieron también un laboratorio particular y rechazó el ofrecimiento.


Todos esos antecedentes fueron exhibidos ante el juez Ayala, quien se negó a valorar estas pruebas, por esa razón el hijo considera que existe una persecución política en contra de su padre, ya que la supuesta víctima está patrocinada por las autoridades.


Asimismo, recordó que el juez Santos Ayala está a cargo del caso de la quema de la casa de Albarracín en 2019 y liberó a todos los acusados y sospechosos. La fiscal Alejandra Claros, también era la que estaba investigando ese caso y pidió la liberación de los investigados. Ahora las mismas personas investigan un supuesto hecho de abandono.


Con todos esos antecedentes, Franco Albarracín adelantó que acudirán al GIEI y a los tribunales internacionales en un esfuerzo de buscar justicia imparcial fuera de Bolivia, ya que las medidas que aplicaron a su padre son de carácter político.