Arraigo, registro biométrico una vez al mes y un garante personal solvente son las tres medidas restrictivas que recibió la exconcejal de El Alto Wilma Alanoca, quien está acusada de instigación pública a delinquir en un curioso caso que no tuvo informe de acción directa de los policías que la aprehendieron.
El juzgado 11 de Instrucción en lo Penal estará a cargo de toda la fase preparativa del proceso, se trata de la primera aprehendida en el marco del estado de excepción que el gobierno dictó el 20 de junio.
La defensa de la acusada ratificó lo que habían manifestado antes de la audiencia, el delito por el que se la acusa no amerita detención preventiva y como no pudieron sustentar el cargo de terrorismo, tuvieron que pedir medidas restrictivas de carácter personal.
Alanoca fue acusada de dos delitos: instigación pública a delinquir y terrorismo, este último cargo provocó la burla de sus abogados, pues no existía ninguna prueba que la vincule con hechos de terrorismo.
El viceministro Hernán Paredes la señaló como la emisaria de las órdenes de Evo Morales desde el trópico de Cochabamba durante el último conflicto y dijo que las acusaciones contra Alanoca eran “muy delicadas”. Los abogados del Ministerio de Gobierno forman parte del caso, pero en la audiencia no pudieron justificar sus acusaciones.
Wilma Alanoca fue la última ministra de Culturas en el Gobierno de Evo Morales y fue acusada de haber ordenado la fabricación de bombas molotov en ese entonces, con personal de ese ministerio. Luego en 2025 fue candidata a la vicepresidencia por el MAS, aunque se truncó porque el candidato principal, Evo Morales fue inhabilitado.