Continúan las amenazas del narcotráfico en la Chiquitania

“Estas actitudes oscuras tienen que ver con nuestra acción fiscalizadora y de denuncia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Tengo la certeza que hemos tocado intereses, pusimos el dedo en la llaga, en problemas como el avasallamiento de tierras, narcotráfico, tráfico de tierras, incendios forestales intencionados”, dijo María René Álvarez, diputada chiquitana por Creemos, que se suma al grupo de personas amenazas por el narcotráfico.

A principios de este mes, Álvarez cuestionó la permisividad con la regularización de tierras fiscales no autorizadas, usurpadas y deforestadas para luego comercializarlas a extranjeros, y a “otras personas vinculadas al narcotráfico”.

En esa oportunidad, la legisladora explicó que muchos de estos ilícitos son camuflados con actividades legales, como la ganadería.

Reconoció que uno de los problemas en la Chiquitania es la presencia del narcotráfico, que busca de cualquier modo extender sus tentáculos.

Además de la diputada, dos pobladores de la TCO Bajo Paraguá, que por seguridad pidieron no mencionar sus nombres ni a sus comunidades, fueron presionados recientemente por personas oriundas de la zona, pero que trabajan con los narcotraficantes extranjeros que operan en el lugar.

La tensión se originó en medio de los festejos por los aniversarios casi simultáneos en tres de las cinco comunidades. Hasta ese punto, a finales de septiembre, llegaron los efectivos ‘leo’, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Antes de que aparecieran los ‘leo’, parecía un congreso de narcos. Había colombianos, bolivianos y harto brasileño, todos alistándose para las fiestas. El problema es que todos de algún modo ganan con el narcotráfico, que les da trabajo, aunque sea de forma indirecta, incluso como albañiles cuando construyen”, dijo uno de los pobladores amenazados por mostrar su desacuerdo con los ilícitos en la TCO.

“Las comunidades se están vaciando, ya hay problemas de microtráfico y prostitución entre las jovencitas, la vida en medio de la naturaleza está siendo afectada por este negocio”, lamentó.

Álvarez coincidió en que los pobladores de varias comunidades cercanas a las áreas protegidas se están yendo de sus tierras, “que por derecho nunca deberían dejar”, debido al narcotráfico.

“Está afectando a la familia, hay menores inducidos al negocios del narco y las autoridades sin capacidad de respuesta porque no cuentan con recursos, además de una Policía con serios entredichos”, cuestionó.

El otro poblador reconoció que fue amenazado, pero dijo que no haría declaraciones públicas en medios de comunicación, sino judiciales cuando corresponda.

Dentro de la misma tendencia de amedrentamiento, algunos de los integrantes del cuerpo de protección del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) también han sido objeto de presión y amedrentamiento, especialmente luego de plasmar en un informe, que está en manos del Sernap, algunos hallazgos extraños dentro del área protegida (AP).

“Apertura de caminos hacia el campamento Los Fierros; vehículos desconocidos dentro del parque; desmontes en el área protegida, por personas ajenas; y activos del campamento Los Fierros que están siendo utilizados”, son algunas de las descripciones de este reporte, al que accedió EL DEBER, y que va acompañado por fotos, también de personas oriundas de la zona.

Según denuncias, existen puntos donde los guardaparques más ‘incómodos’ no son bienvenidos. “Nos cansamos de denunciar, pero además nos dimos cuenta de que medio mundo está involucrado, además muchos tenemos familia por allá”, dijo uno de los custodios más presionados.

Cifras de Brasil

EL DEBER solicitó a la Policía de Vila Bela un reporte sobre los delitos registrados en la frontera entre Bolivia y Brasil.

El documento, generado por el Gobierno del Estado de Mato Groso, muestra que de mayo de 2021 a mayo de 2022, dentro de un espectro variado de drogas, es la cocaína la que domina las cifras de las incautaciones, junto con la pasta base, con cerca de 4.000 kilos de la primera, y similar cifra en el segundo producto.

De lejos le sigue la marihuana, con aproximadamente 400 kilos, y luego el crack, con diez kilogramos incautados.

En julio de este año, en un solo operativo, la Gefron, policía brasileña de frontera, hizo uno de los mayores decomisos, de casi una tonelada de clorhidrato de cocaína, enterrada en una propiedad en la zona rural de Vila Bela, límite con Bolivia. “Las fábricas no están en el lado brasileño”, aseguró uno de los comunarios amenazados.