María René Álvarez, diputada chiquitana por Creemos, pide que el presidente Luis Arce y otras autoridades nacionales sean citados a declarar por el caso Kailasa, dentro de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
"No permitiré que este caso sea archivado ni diluido. Estoy firme en la defensa de la verdad y del pueblo boliviano. Habiendo presentado formalmente una denuncia penal ante el Ministerio Público por el caso de tráfico de tierras por Kailasa, un hecho de extrema gravedad que compromete a autoridades públicas de alto nivel, incluyendo al presidente del Estado, a través de memorial he solicitado expresamente que Luis Arce Catacora y otras autoridades vinculadas sean convocadas a declarar en el marco de este proceso penal, por existir indicios de uso indebido de influencias, favorecimientos irregulares en procesos de saneamiento y violación a normas que resguardan el interés colectivo sobre la propiedad de tierras fiscales, informó Álvarez sobre su última solicitud.
Hace unos días, la diputada presentó denuncia penal por organización criminal y tráfico de tierras en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, la misma que fue admitida. A la denuncia inicial, Álvarez agregó petición de incluir a nuevos actores, en calidad de testigos.
Además del presidente del Estado, y a efectos de emplazamiento de nuevos testigos, Álvarez solicitó que se requiera al Servicio General de Identificación Personal (Segip), copia legalizada de la tarjeta prontuario de Marianela Prada Tejada, Sanjinez Mamio Callaú, Guidco Monje Martín, Javier Monje Santa Cruz. Manuela Santa Cruz Mamio.
Asimismo, requirió que la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana (Cidob) informe sobre qué autoridades del Ejecutivo nacional se hicieron presentes en el acto por el 42 aniversario de la Cidob; cuál fue la participación de los representantes de Kailasa en el acto de la Cidob; y si los 101 títulos agrarios otorgados en ese acto tienen relación con espacios ocupados por la organización Kailasa.
Adicionalmente, la legisladora pidió que la Cidob indique a qué territorios corresponden los 101 títulos otorgados por el presidente Luis Arce en el aniversario 42 de esa institución indígena de tierras bajas (con coordenadas y estado actual del propietario).
La diputada también demandó, a efectos de determinar y precisar el lugar de los hechos, que el asignado al caso y con ayuda del laboratorio de la FELCC realice levantamientos y registros en las comunidades indígenas con las que tuvo contacto y contratos Kailasa.
Este caso no puede ni debe quedar en la impunidad. No se trata solo de tierras, sino de corrupción estructural, manipulación institucional y daño a los derechos de los bolivianos. El uso del poder para beneficiar a grupos cercanos al oficialismo no puede ser tolerado. La justicia debe actuar con independencia, sin mirar nombres ni jerarquías. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial, el Estado de derecho y el respeto por los bienes públicos, finalizó Álvarez.
Persisten amenazas
El martes, a través de correo electrónico, nuevamente representantes de Kailasa se comunicaron con la redacción central de EL DEBER, y a través de conminatorias y advertencias legales exigieron dar de baja a las publicaciones sobre este grupo religioso y sus contratos por tierras en Bolivia.
Anteriormente hicieron llegar similar conminatoria a la periodista que dio a conocer el caso, y también a otros trabajadores de la prensa de diversos medios, como La voz de la naturaleza, Brújula Digital, Sumando Voces, y Explainer de Brissa Pabón.
Varios colectivos de la prensa se han manifestado sobre los ataques de Kailasa a la libertad de expresión, pero de los niveles del Estado, solamente la Defensoría del Pueblo. Sobre este punto, la Fiscalía no ha dado a conocer investigación alguna, tampoco si Kailasa permanece en Bolivia a través de algunos otros miembros.