Diputado Alarcón cuestiona la compra de 500 tobilleras electrónicas antes que la ley hubiera sido aprobada

El diputado Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana) cuestiona la compra, por parte del Ministerio de Gobierno, de 500 tobilleras electrónicas, a un precio que ronda los $us 323 mil, antes de que la ley esté aprobada. Señala además que, si la ley es rechazada, ese monto sería un daño económico para el Estado.

El pasado martes, el proyecto de Ley 358 de Dispositivos Electrónicos de Vigilancia (tobilleras electrónicas) fue aprobado por la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En esa fecha, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo se reunió con esa comisión y detalló las “ventajas” de aprobar esa ley.

A su salida, en contacto con los medios, anunció: “Tenemos 500 tobilleras, artefacto electrónico ya disponible para ser usado una vez aprobado el proyecto normativo”.

Sin embargo, Alarcón recordó cuál es el procedimiento que debe seguirse, de acuerdo con la norma: “Las leyes tienen que, primero, ponerse en vigencia y después se tienen que ejecutar, aplicar y recién hacer las adquisiciones; no al revés”.

También hizo una relación del camino que debe seguir un proyecto de ley hasta convertirse en una norma vigente y qué es lo que sigue en cuanto a su aplicación:

“Ustedes saben que recién ha pasado el trámite en la Comisión de Constitución, falta todavía la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que se promulgue la ley, se la publique y recién se la puede ejecutar y, en consecuencia, hacer todas las adquisiciones que correspondan, si es que resultaría aprobada la ley”.

Pero esa no es la única observación de Comunidad Ciudadana. Ante los medios paceños, Alarcón manifestó su desacuerdo con que una de las aplicaciones de las tobilleras electrónicas sea reemplazar la detención preventiva.

“Hemos dicho que esta ley fomenta la corrupción (…) porque no han excluido de la aplicación de las tobilleras electrónicas todos los delitos de corrupción establecidos en la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz (pero sí excluyeron a presos políticos, por ejemplo)”.

En una nota enviada el 20 de junio a Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, también señala que se excluyen de la norma a los acusados del delito de terrorismo y a los condenados en primera instancia “con el objetivo evidentemente discriminatorio de mantener en detención preventiva, de manera injusta, ilegal y abusiva, a los centenares de presos políticos de este régimen, entre los que se encuentran a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, el gobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el líder cívico Marco Antonio Pumari”.

A juicio de los parlamentarios de CC, se trata de una “administración selectiva de la justicia”, por lo que rechazan el proyecto, “mientras no se corrijan, por el proyectista o la comisión, estos defectos estructurales”.