En un extenso texto de “reflexión personal” publicado en redes sociales, el diputado de Unidad y abogado constitucionalista, Carlos Alarcón, planteó este lunes la realización de un “referéndum revocatorio extraordinario” como una salida a la crisis que enfrenta Bolivia en medio de un bloqueo indefinido de carreteras.
Parte de Bolivia se encuentra en el día 32 de un conflicto liderado por la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas, que pasó de pedir atención a demandas sectoriales, a exigir solo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En los últimos días hubo varios intentos para establecer una mesa de diálogo, los movilizados pusieron como una de las condiciones la eliminación de los mandamientos de aprehensión emitidos contra los líderes de las protestas, la Justicia anuló dichas disposiciones, pero siguen los bloqueos.
“Después de tantos días estamos en un callejón sin salida por los bloqueos indefinidos (…) y no parece tener fin sin que lleguemos al desastre de una violencia generalizada, que los ciudadanos víctimas de esta violencia no la buscamos ni la queremos, pero tampoco la podemos tolerar indefinidamente”, dijo Alarcón.
En ese sentido, el legislador propuso como una solución “que la autoridad que ha sido colocada por el voto sólo sea removida de su cargo por voto (esencia de la democracia para no entrar en el caos y la anarquía de la violencia)”.
Sugirió que, “con una ley interpretativa de la Constitución, como lo permite la ley orgánica del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional), por dos tercios de votos, la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) convoque a referéndum revocatorio extraordinario para que se realice en tres meses”.
Planteó que esta consulta se aplique para el presidente, vicepresidente y para todos los asambleístas nacionales titulares y suplentes.
“Como regula la Ley del Régimen Electoral, si gana por mayoría de votos el NO a la revocatoria, el Ejecutivo y la Asamblea concluyen su mandato el 2030; si gana el sí a la revocatoria, se convocan inmediatamente a elecciones generales, que se realizarían en los próximos cinco meses, que es el tiempo que necesita el TSE (Tribunal Supremo Electoral) para la primera y segunda vuelta”, afirmó.
Señaló que “la ley interpretativa habilitaría esta opción extraordinaria de revocatorio para casos extremos como solución a conflictos, que comprometen la vigencia del orden constitucional y democrático del país, o evitaría un enfrentamiento o fratricida entre bolivianos”.
“No podemos permitir que la violencia deponga y derroque gobiernos, aunque se disfrace de elecciones anticipadas, porque esto comprometería la misma existencia del Estado, y ni que se diga de la destrucción del orden constitucional y democrático del país (…). La autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada”, sostuvo.