Diputado del MAS activa denuncia contra la Agencia Estatal de Vivienda por corrupción y opositores pedirán informe oral a Montaño

El diputado Ányelo Céspedes (MAS) denunció que la oficina cruceña de la Agencia Estatal de Vivienda (AE-Vivienda) intentó cobrar hasta el 10% de los proyectos habitacionales proyectados en San Miguel y San Julián a empresas constructoras interesadas. La oposición pedirá un informe oral al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.  

Céspedes afirmó que una de las empresas afectadas se contactó con él y que existen “todas las pruebas” sobre este presunto hecho de corrupción. “Aquí no se tiene que premiar a la empresa que tenga más plata, se trata de contratar a las mejores”, remarcó.

“La denuncia ha sido enviada al ministro Montaño y le vamos a hacer llegar la lista de funcionarios que han comenzado a contactar a las empresas que postulan para cobrarle hasta el 10%. Esta es una alerta para que se paralice la adjudicación de construcción de esas casas”, afirmó Céspedes, quien pidió una intervención de la oficina de la entidad que está en Santa Cruz.

El oficialista aseguró que “esta denuncia es la mejor forma de paralizar la corrupción y cuidar el proceso de cambio y que malos funcionarios sean alejados”. “Se ha visto que hay gente que en vez de trabajar está echando tierra a la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca”, añadió el legislador en rueda de prensa.   

Por su lado, el diputado Aldo Terrazas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), informó que activará una petición de informe oral para el ministro Montaño, aunque lamentó que “existen nueve solicitudes de información sobre adjudicación de viviendas que su despacho no ha respondido hasta la fecha.

EL DEBER publicó este miércoles las conclusiones de un informe que se elaboró en el Comité de Vivienda de la Cámara de Diputados. El reporte señaló que el 70% de las viviendas que construyó el Gobierno en ocho municipios del eje central están desocupadas y, en algunos casos, abandonadas.

Terrazas aseguró que AE-Vivienda “no tiene un plan para comercializar estos proyectos” y que, a pesar de esta problemática, se ha proyectado la construcción de otras 100.000 casas hasta el 2025, el año del Bicentenario de la fundación de Bolivia.

Javier Arze, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, destacó la viabilidad del modelo que AE-Vivienda ejecuta desde 2014 para la construcción de viviendas sociales porque tiene que ver con una alianza entre el Estado y el sector privado. Eso sí, observó las condiciones en las que adjudican los proyectos.

“Teniendo un 80% de informalidad en el país, pedir una lista de documentos para personas de escasos recursos que quieren conseguir una vivienda propia, como aportes a las AFP y papeletas de pago, hizo que este modelo se estanque”, apuntó el empresario.

Para la construcción de soluciones habitacionales en Cotoca, Warnes, Totala, Cercado, Vinto, Sacaba, El Alto y Mecacapa se invirtieron más de $us 100 millones y, por la falta de ocupación, hay $us 83 millones que “están dormidos” y que no se están recuperando por parte del Estado.

Por ejemplo, resalta el Condominio Altos de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz. Allí se construyeron 960 departamentos que fueron entregados en febrero del 2020. Hasta el momento, solo 80 están ocupados, según la investigación que hizo el Legislativo.