Diputado Pedrazas exige al ministro de Gobierno procesar a policías que violentaron a personas civiles
Se han registrado los hechos de violencia en los departamentos de Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y Tarija
A raíz de las vulneraciones a los derechos fundamentales de manifestantes por efectivos policiales, el diputado por Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, exige al ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, procesar a todos los uniformados responsables de los hechos de violencia ocurridos en los departamentos de Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y Tarija.
“En mi calidad de diputado nacional, envié una nota oficial al ministro de Gobierno para que identifique y procese a los policías que están vulnerando derechos fundamentales de la población en los operativos policiales en distintos puntos del país, ya que no podemos permitir que se agreda a personas con discapacidad, que se encañone a ciudadanos bolivianos”, aseveró el parlamentario Pedrazas.
Luego de la instrucción del Ministro de Defensa a la Policía boliviana para desbloquear toda manifestación los días de paro indefinido, los efectivos policiales agredieron, detuvieron, insultaron y gasificaron a manifestantes que marchaban o realizaban bloqueos. Vejando a una persona con capacidades diferentes, encañonando a un joven boliviano desarmado que transitaba libremente en una bicicleta, aprehendiendo indebidamente a centenares de bolivianos, entre otros hechos repudiables.
Otro sector víctima de los abusos de uniformados son los trabajadores de la prensa, impedidos de realizar su tarea con normalidad.
Pedrazas insta al ministro de Gobierno, en el marco de sus competencias, que frene estos excesos, mediante el procesamiento de los responsables con la celeridad con que dieron de baja a efectivos policiales a quienes sindican de “motines”.
“En caso de no iniciarse con las investigaciones y las denuncias correspondientes, el ministro Castillo se constituye en cómplice” aseguró la autoridad.
De igual forma, fueron cursadas notas al Ministro de Justicia como a la Defensora del Pueblo interina para que se constituyan en partes accionantes en las investigaciones que son demandadas.
