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Un anteproyecto de Ley que Regula el Incremento Progresivo de Recursos para la Salud fue propuesto por los diputados Alicia Canqui y Édgar Montaño, el mismo que será tratado hoy por la Cámara de Diputados. El anteproyecto establece que entre el 2021 y el 2023 se vaya aumentando el presupuesto para salud y llegar al 10 por ciento el último año.


Pero este anteproyecto no tiene aval del Órgano Ejecutivo, admitieron los diputados proyectistas y, por tanto, no se sabe de dónde saldrán los recursos que requiere este pedido. Los legisladores, por separado, explicaron que nunca recibieron una respuesta del Ejecutivo sobre el origen de los recursos que debe financiar este programa.


“Nosotros vamos a dar un plazo de cinco días al Ejecutivo para que nos explique de dónde pueden salir estos recursos, hasta ahora no nos respondieron nada pese a las notas que hemos mandado, ellos (el Ejecutivo) hablan de que la Asamblea no aprueba, pero el ministerio de Economía no mandó una respuesta sobre el financiamiento”, dijo la diputada Canqui.


El padre Mateo Bautista propuso, desde el anterior Gobierno, que se asigne el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) al sector salud. Su campaña le costó salir del país en 2015, pero desde Perú, donde actualmente reside, continúa con la campaña, a la cual se han sumado varios sectores. Hasta ahora el Gobierno y el MAS se acusan de boicotear este pedido.

   

El diputado del MAS Édgar Montaño aseguró que el proyecto que mandó el Gobierno debía ser consultado al Ejecutivo para que, a través la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), se definan los términos técnicos como sucede con cualquier proyecto de ley que involucre recursos del Estado. Este informe nunca fue entregado por el Gobierno y el documento estaba en manos del exministro de Economía José Luis Parada.


La propuesta y la trampa

Según el artículo 3 del anteproyecto, el Tesoro General de la Nación (TGN) asignará progresivamente un presupuesto creciente al subsector público de salud a partir de la gestión 2021 hasta llegar al 10% del Presupuesto General del Estado (PGE). Esta progresividad señala que, en 2021 el presupuesto será 9% “mínimamente”; en 2022 se aumentará a 9,5 % y, finalmente, en 2023 alcanzará al 10% del presupuesto.

El último artículo establece que la asignación de recursos del TGN a los otros sectores y a los gobiernos subnacionales debe seguir respetando la asignación mínima y progresiva establecida en el tercer artículo.

Pero el documento contiene una disposición adicional que manda a que mientras dure la pandemia y la emergencia declarada en sus diferentes modalidades, el Gobierno transferirá recursos de los ministerios de Defensa y Gobierno a los municipios que tienen el mayor índice de riesgo para la lucha contra el Covid-19.

Asimismo, manda a que estas alcaldías también reciban recursos que provengan de la publicidad y propaganda del Gobierno y la entrega de los recursos se debe realizar 15 días después que la ley esté promulgada.

En este momento no estamos en guerra, los ministerios de Defensa y de Gobierno tienen partidas que no utilizan, entonces frente a la emergencia que vive el país, creemos que pueden transferir los recursos”, dijo Canqui.

Pero el anteproyecto no refiere qué porcentaje de los presupuestos de los dos despachos deben ser asignados a las alcaldías más vulnerables. La diputada Canqui aseguró que por eso convocaron a los técnicos del Ministerio de Economía, porque deben explicar todos los pormenores de las partidas presupuestarias.