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Asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos presentaron una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra de los decretos supremos emitidos por el Gobierno nacional que obligan a la presentación del carnet de vacunación para acceder a cualquier servicio y al transporte público. Aclararon que no están en contra de las vacunas, pero cuestionan la obligación de portar un certificado, que en su criterio, que vulnera derechos.

La asambleísta cruceña María José Salazar señaló que está norma viola los derechos humanos y acusó al Gobierno de cometer una ilegalidad al pretender gobernar a través de decretos que contradicen a la Constitución y al Pacto de San José de Costa Rica.

"Es una medida muy apresurada y desacertada por parte del Gobierno, que no hizo una labor efectiva para contener la pandemia entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado", sostuvo la asambleísta.

El diputado Caleb Villarroel (Creemos) consideró que los decretos supremos 4640 y 4641 vulneran los derechos humanos de los bolivianos, protegidos por la Constitución Política del Estado y las normas Internacionales.

Los parlamentarios llegaron a Sucre para presentar esta acción de institucionalidad para que el TCP disponga la exclusión de estos decretos de la normativa jurídica en el país.

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