Diputados rechaza cambios al PGE 2023 reformulado; ALP debe resolver el tema por 2 tercios

Después de largas horas de debate entre rechazos, protestas y acusaciones mutuas y hasta amenazas de golpes entre parlamentarios, y también después de escuchar los argumentos del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, la Cámara de Diputados rechazó este lunes las modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023 que aprobó el Senado.

Ahora, dicho proyecto de ley fue enviado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que sesionará este martes. Será en esta instancia donde se definirá la suerte de este proyecto presupuestario que debe ser aprobado o rechazado por dos tercios de votos.

“Mañana se va a incorporar (en la sesión), según lo que han indicado, estará en el orden del día y para su aprobación se requieren dos tercios, veremos si existen esos dos tercios. Mañana se analizará, se debatirá y se votará”, dijo a EL DEBER el diputado Héctor Arce Rodríguez del MAS.

Después de que Montenegro abandonó el hemiciclo parlamentario, se dispuso realizar una votación por escrutinio y como resultado, los legisladores de las dos bancadas de la oposición más los ‘evistas’ apoyaron las modificaciones del Senado y el resto las rechazó.

De un total de 121 diputados que asistieron a la sesión de Diputados, 63 votaron por el rechazo a las modificaciones que hizo el Senado, 56 votos fueron a favor de esos cambios. Hubo un voto en blanco y otro voto fue nulo.

“Toda vez que no se aceptó las modificaciones realizadas por la Cámara de senadores, de conformidad al numeral 6 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, remítase el proyecto de ley y sus antecedentes a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración”, dijo el presidente de Diputados, Jerges Mercado.

Las principales observaciones son a las siete disposiciones transitorias calificadas por los legisladores de la oposición y los 'evistas' como “artículos de contrabando” porque modifican otras leyes financiales que no tienen relación directa con los recursos destinados al nivel central, regionales y universidades.

“Estas disposiciones adicionales se han incorporado de contrabando. Muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con el presupuesto, pero están ahí”, dijo Arce.

Una de las disposiciones más observadas es la séptima que establece que los funcionarios podrán investigar las cuentas bancarias de cualquier persona que considere que hace movimientos sospechosos. Los funcionarios que hagan esas investigaciones sobre los recursos privados no van a tener ninguna responsabilidad, alerta el legislador.

De su lado, el Ministerio de Economía defiende ese artículo adicional y dice que es para proteger a los bancos y sus funcionarios.

“La disposición adicional presentada en el proyecto de ley Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023 relacionada a la prevención de legitimación de ganancias ilícitas busca proteger a las instituciones financieras y sus funcionarios que denuncien operaciones irregulares que puedan suceder al interior de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)”, se lee en un boletín de la entidad estatal.

El Gobierno asegura que esta medida evitará que en casos como el del Banco Fassil, los funcionarios sean amedrentados por sus superiores u “organizaciones criminales” cuando identifiquen o reporten operaciones sospechosas.

Con toda esta explicación que Montenegro hizo al pleno camaral quiso convencer a los diputados que este tema sí tiene relación con el PGE reformulado. La mitad de los presentes no le creyó y mantuvo su postura que éste como otras disposiciones adicionales fueron metidas “de contrabando”.