Después de más de 13 horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de Estados de Excepción y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
“Habiéndose aprobado en sus estaciones en grande y en detalle y siendo Cámara revisora queda sancionada la presente ley. Remítase al Ejecutivo para fines constitucionales”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, la madrugada de este domingo (05:53).
Con la sanción de esta norma y su posterior promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz, el jefe de Estado ya cuenta con las herramientas legales y la base constitucional para - si así lo decide - aprobar y emitir un decreto supremo que dicte un estado de excepción en Bolivia.
Ante un escenario de conflictos con bloqueos de carreteras que hace 37 días impiden en libre tránsito de vehículos en algunos puntos del país, un cerco a La Paz, y las amenazas de convulsión de algunas organizaciones afiliadas a la COB, campesinos paceños y grupos radicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la Asamblea Legislativa a través de sus dos cámaras aceleró el tratamiento del proyecto de ley marco que regula los estados de excepción en Bolivia.
El Senado con algunas modificaciones al proyecto original, aprobó la norma el jueves de Corpus Cristi y entre el sábado y la madrugada de este domingo, Diputados como cámara revisora y en una sesión virtual y presencial, sin modificaciones sancionó la ley que tiene 27 artículos y una disposición abrogatoria.
“Esta Ley tiene por finalidad garantizar el Sistema Democrático de Gobierno, la independencia, seguridad, estabilidad, soberanía, integridad y el Estado de Derecho, la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado; la protección y auxilio de la ciudadanía en casos de amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales”, se lee en el artículo 3 de la norma.
En tanto que en su primer artículo puntualiza que la norma “tiene por objeto regular los estados de excepción”, cumpliendo el mandato del parágrafo III del Artículo 139 de la Constitución Política del Estado (CPE) que a la letra señala que “los estados de excepción serán regulados por la ley”.
La mayoría de los artículos, a excepción de unos cuatro, fueron aprobados por más de dos tercios del pleno de Diputados, es decir, las bancadas del PDC del bloque oficialista, de Unidad, Libre y Súmate, respaldaron la norma. Los que rechazaron fueron diputados de Alianza Popular, del PDC de la línea del vicepresidente Edmand Lara, quienes según sus propios colegas trataron de “atemorizar” a los legisladores para que no respalden esta norma porque si se aprueba, según los detractores, se estaría dando luz verde para “masacrar al pueblo” y que los parlamentarios podrían ser procesados por ello.
Uno de los artículos más observados fue el 26 que dice que “las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad”. Para los diputados de Andrónico Rodríguez y los laristas, este artículo es una “carta blanca” para que las fuerzas del orden – policías y militares – arremetan contra “el pueblo”, en este caso contra los bloqueadores y queden impunes ante la justicia.
La premisa fue rechazada por Unidad, el PDC y Libre que reclamaron que sus colegas solo salen en defensa de los bloqueadores que tienen cercada la ciudad de La Paz hace más de un mes y qué pasa con los derechos de millones de bolivianos que no pueden acceder a alimentos, medicamentos o no pueden transitar libremente por las carreteras.
A pesar de las posturas contrarias, al momento de votar, ese artículo tuvo el respaldo de más de dos tercios de los asambleístas.