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El excomandante departamental de la Policía Boliviana en Cochabamba Edwin Zurita, recibió medidas sustitutivas a la detención preventiva, dentro del denominado caso Sacaba, donde se investiga la muerte de nueve personas durante una intervención realizada en Huayllani, en noviembre de 2019.

La decisión fue asumida por el juez Primero de Instrucción de ese municipio, que dispuso también el pago de una fianza de 200.000 bolivianos, la presentación cada siete días ante la Fiscalía de La Paz, prohibición de hablar con otros investigados o de acercarse a instituciones policiales y arraigo.

La exautoridad manifestó que solo cumplió con su misión constitucional de restablecer el orden público frente a la protesta de cocaleros registrada en medio de las protestas poselectorales, cuando la marcha intentó llegar a Cochabamba.

“Que investiguen los casos como tiene que ser, ahí se demostrará que nosotros hemos cumplido nuestra labor constitucional, mantener y restablecer el orden público”, manifestó Zurita.

El Ministerio Público lo imputó por la presunta comisión de los delitos de asesinato y lesiones graves, tras que se acogiera a su derecho al silencio en su primera convocatoria a declarar en diciembre de 2020.

El excomandante policial se suma al general de las Fuerzas Armadas (FFAA), Alfredo Cuéllar, que también fue imputado y aprehendido, y cumple detención domiciliaria por el mismo caso.

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