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La Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitó el acceso irrestricto a documentos, cuentas, libros y registros en relación con la oferta y el contrato que la empresa IME Consulting suscribió́ para la provisión de los 170 respiradores artificiales que fueron comprados con un supuesto sobreprecio por el Gobierno boliviano.

Según publica Erbol, la firma española aceptó la auditoría y así lo hizo conocer el 4 de junio mediante una nota en la que respondía estar dispuesta a someterse a los requerimientos solicitados por la OII.

Dentro de las peticiones también figura el poder entrevistar a las personas que hayan tenido alguna acción en la firma y ejecución del contrato que es investigado por la justicia boliviana y por el que se ha detenido a exfuncionarios del ministerio de Salud, incluidos el exdirector jurídico Fernando Valenzuela y el exministro Marcelo Navajas.

Fue la institución que financió

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió la compra y traslado desde Barcelona de 170 ventiladores para atender pacientes con Covid-19 en Bolivia.

Este ejecución formó parte de su estrategia de respuesta rápida frente a la pandemia y entregó un monto aproximado de $us 5 millones para la compra de estos equipos.

Lo dicho hasta ahora

Personeros y representantes de IME Consulting han negado que haya habido sobreprecio y que existan funcionarios de la empresa o del Gobierno boliviano que hubieran pedido algún tipo de comisión por la compra-venta de dichos equipos. Sin embargo, se reveló que Luis Fernando Humérez, 'el testigo clave', solicitó “un aporte” que, según la empresa, le fue negado rotundamente.

Además, confirma que la solicitud de cotización fue realizada por el entonces director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela (hoy detenido preventivamente).

En su declaración informativa, Humérez identificó a Valenzuela como la persona que vinculó al Ministerio de Salud con él y otros dos intermediarios para realizar la compra de los equipos.

Respuesta
La empresa española, a través de un comunicado difundido en Bolivia por la empresa de comunicación Rodríguez & Bouduain, aseguró que el precio de fábrica de los equipos, “con todo y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento, fue de 14.790 euros y no los 6.500 euros que se informaron” cuando el caso se dio a conocer a la opinión pública.