Escucha esta nota aquí

El exgerente de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, César Dockweiler, denunció el lunes que a partir de la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, sufrió persecución política y que el atropello llegó, según el, a ciudadanos que trabajaban en la anterior administración del Estado.

“Hace un año atrás se me inició una persecución política. Hice la denuncia pero no le dieron cobertura. Se vulneraron derechos humanos de muchas personas, y en vista de que no tuve la repercusión en los medios de comunicación, entonces decidí convertirme en un activista de los derechos humanos”, manifestó  Dockweiler al salir de una entrevista con autoridades del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales.

Recordó que al momento que empezó la persecución en su contra, él se encontraba de vacaciones, pero fueron emitidas dos órdenes de aprehensión sin siquiera notificarle por los procesos que le habían iniciado.

Señaló que, durante la gestión de Áñez, se "fabricaron" procesos penales para perseguir a quienes pensaban diferente, por lo que decidió acudir a diferentes instancias del Estado y defensoras de los derechos humanos.

Dockweiler precisó que acudió a la Defensoría del Pueblo, donde tienen un caso abierto; a la Fiscalía General del Estado, instancia donde recién recibieron su declaración; y a la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investigó los hechos suscitados entre octubre y noviembre de 2019.

La mañana de este lunes, la exautoridad visitó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, para pedirle que revise la correspondencia del año pasado.

“He denunciado la persecución política en diferentes instancias, una de ellas fue en el Ministerio de Justicia del Gobierno anterior, donde envié ocho cartas sin respuesta. También le mandé a la Presidenta (Jeanine Áñez) y le dije que apelaba a su condición de mujer, para que vea por mujeres perseguidas, mujeres con enfermedad, embarazadas y no ha respondido”, lamentó.

César Dockweiler también denunció estos hechos ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, donde envió informes y anexos en los que se detallaba todas las vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos perseguidos políticamente.

“No me quedé en instancias nacionales e hice la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy tiene una comisión especial en Bolivia, a quién ya he solicitado y ha sido el motivo de mi visita al Ministerio de Justicia para que yo pueda ser parte de la ampliación de estos hechos”, añadió.

Indicó que su denuncia llegó hasta las oficinas de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), instancia internacional que a través del Relator Especial de Jueces y Magistrados solicitó un informe al Gobierno boliviano, que a su vez, a través de la Procuraduría General del Estado afirmó que en el país no existe persecución política, por lo que Dockweiler adelantó que visitará al procurador para mostrarle sus pruebas.

Lamentó que la justicia boliviana se ponga a la orden del gobierno de turno, pues de esa manera, se conforma una red de persecución política que posteriormente pasa a ser una red de persecución y extorsión.

Dockweiler remarcó que en el caso de la empresa Mi Teleférico se encarceló o se les dio arresto domiciliario con procesos penales fabricados a cinco extrabajadores, y que también se obligó al personal a renunciar a su fuente laboral bajo amenazas de iniciarles ese mismo tipo de procesos.

En la gestión de Jeanine Áñez, Dockweiler fue denunciado por un trabajador de la empresa estatal sobre presuntos cobros irregulares como aportes para el Movimiento al Socialismo (MAS).  La Fiscalía inició una investigación por los delitos de uso indebido de influencias y concusión. 


Una segunda denuncia presentada contra Dockweiler fue por los delitos de uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias, por el uso del laboratorio audiovisual de la estación Celeste, en la que presumiblemente trabajaban "guerreros digitales", elaborando publicidad para favorecer al MAS.


  


Comentarios