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El exdirector de Aasana, Ronny Balderrama Virreira, envió el 8 de marzo una solicitud para que el director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Celier Arispe Rosas, autorice operaciones en el aeropuerto de Chimoré, del 9 al 31 de marzo. Dos días después, el 10 de marzo, se realizaron 36 despegues y aterrizajes de avionetas en dos días. Estas operaciones fueron consideradas “irregulares” por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien dijo que las desconocía y anunció también el procesamiento del exfuncionario por dos delitos.

La comunicación tiene sello de recepción el mismo 8 de marzo. “Le comunicamos que Aasana tiene entre sus tareas coadyuvar con la reactivación económica del Estado Plurinacional de Bolivia, la reactivación de las operaciones comerciales, instrucción aeronáutica y mantenimiento de aeronaves, en el aeropuerto de Chimoré, para lo cual solicitamos que a través de su dirección, se autorice excepcionalmente las operaciones de las aeronaves de los centros de instrucción de Aeronáutica Civil, que no tienen aprobados en sus especificaciones de instrucción (ESINS) este aeródromo, en fechas 9 al 31 del año en curso (SIC)”, señala la nota de Balderrama

El ministro Montaño calificó de “irregulares” las 36 operaciones que se realizaron el 10 de marzo, y además de despedirlo, anunció que procesará al exjefe de Aasana por incumplimiento de deberes y por infringir el artículo 191 de la ley de Aeronáutica civil, que advierte que será sancionado con pena privativa de libertad de uno a seis años la persona que realice cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de un aeródromo, de un aeropuerto o de la circulación aérea.

Otro documento

Este medio accedió a otra misiva enviada por el actual director de la DGAC, Celier Arispe, el 23 de marzo, al entonces director de Aasana, en la que le señala que el aeropuerto de Chimoré sería operable desde el 31 de mayo de 2021 (no del 31 de marzo) solamente si se subsanaban ocho observaciones, caso contrario, se iban a suspender las operaciones de aviación civil en esa terminal.

En la carta se codifica al aeropuerto como 4B, en índice de riesgo, de acuerdo a la tabla de aceptabilidad de riesgos, que está dentro del sistema de gestión de seguridad operacional-SMS. 

4B implica “Riesgo Alto”, según ese documento de la DGAC, y sugiere la siguiente precaución: “Asegúrese que la evaluación del riesgo se ha completado satisfactoriamente y que se han aplicado controles preventivos. Se requiere la aprobación de la evaluación del riesgo por parte de la alta gerencia antes del inicio de las operaciones”.

Cuando se le preguntó al ministro Montaño si es que solamente el director de Aasana era responsable de lo ocurrido y no se procesaría a nadie más, respondió que “con seguridad la auditoría nos dirá quiénes más participaron en estos actos irregulares, pero será en su momento”.

Aasana estableció el uso del aeropuerto de Chimoré a través de un Notam (acrónimo inglés de Notice To Airmen. Aviso presentado a las autoridades de aviación para alertar a los pilotos de la aeronave de posibles peligros a lo largo de una ruta de vuelo o en un lugar que pueda afectar a la seguridad del vuelo), emitido el 9 de marzo, que señala que puede haber tránsito aéreo. Sin embargo, la entidad encargada de la autorización y fiscalización y de verificar si este Notam era ejecutable era precisamente la DGAC.

Según sus atribuciones, debe garantizar la seguridad operacional. El decreto supremo 28478 dice que la DGAC debe encargarse, de acuerdo al Reglamento de Faltas y Sanciones, la Reglamentación Aeronáutica Boliviana y la Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia, de procesar y sancionar, en cada caso, las faltas aeronáuticas, infracciones, contravenciones, incumplimiento y violaciones de las normas y disposiciones vigentes en materia de aeronáutica civil, con fines de prevención.

Luego, aprobar y fiscalizar los planes conducentes al establecimiento de Aeródromos y Servicios para la Navegación y Tránsito Aéreo, ejerciendo el control y supervigilancia de los mismos. Si es que Aasana emite un Notam, la DGAC debe estar al tanto e impedir que se procese porque el aeropuerto no tiene la seguridad.

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