Dos gerentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, por el caso denominado “gasolina basura”. En una audiencia cautelar realizada el viernes, por la tarde, el juez Luis Fernando García determinó que ambos funcionarios permanezcan recluidos por seis meses, mientras avanzan las investigaciones.
Los funcionarios fueron imputados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según informó el fiscal coordinador, David Torrez. El caso se abrió a denuncia de la diputada Lissa Claros y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Torrez explicó que se trata de Nelson Alejandro Mendoza, gerente comercial de YPFB, quien deberá cumplir la medida en el penal de San Pedro de La Paz, y de Eddy Rolando Torrico, gerente de YPFB Logística, que fue enviado al penal de Palmasola, en Santa Cruz.
Torrez indicó que ahora se realizan diversos actos investigativos, pero también se convocará a declarar al expresidente de YPFB, Yusef Akly, y al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, además de otros funcionarios vinculados a las áreas de industrialización, comercialización, adquisición y distribución de carburantes.
“Todos aquellos que están dentro de la cadena hidrocarburífera serán convocados dentro de la presente investigación”, declaró el fiscal a la prensa.
Por la venta de la denominada “gasolina basura”, que causó daño a millones de vehículos en Bolivia, por el alto nivel de goma, ya están procesadas tres personas, entre ellas el exgerente de Comercialización, Carlos Cuéllar Pinto, quien ya cumple detención preventiva por seis meses en el penal de Palmasola.
Por su parte, la defensa de los imputados presentó documentos, con los que respaldan su versión, sobre que la gasolina desestabilizada se adquirió por medio de un contrato firmado en la gestión de Luis Arce y bajo cláusulas que desconocían.
En el caso de Torrico, este explicó que las denuncias de la mala calidad de combustible, que comenzó a dañar a motorizados, se comenzaron a conocer a inicio de enero de este año, mucho antes de que el asuma el cargo, el 27 de enero.
Asimismo, Mendoza sostiene que el control de calidad del combustible era competencia de otras instancias y que él se limitó a solicitar los informes respectivos, para conocer los detalles y estos fueron elevados a instancias superiores.