Dos hijas de Achacollo trabajan en el Estado; el hecho genera polémica

Sara, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y Rebeca en el Consejo de la Magistratura. Dos de las hijas de la exministra de desarrollo Rural Nemesia Achacollo trabajan para el Estado. Atrás quedó el caso Fondo Indígena que implicó a la exministra de Desarrollo Rural ser apresada por el ‘ruidoso caso’.

El 2013 se reveló este caso de presunta corrupción, que causó un daño económico superior a $us 170 millones, porque se erogó dinero para proyectos que no fueron ejecutados y obras inconclusas de las cuales los mismos dirigentes de las regiones desconocían. Además, mucho de ese dinero fue a parar a cuentas personales de dirigentes de sectores afines al MAS.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a fines de agosto de este año a los 42 vocales departamentales. En La Paz fue designada Claudia Marcela Castro Dorado. Ella fue cuestionada por haber emitido varios fallos favorables al expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero, entre otros.

Esta jueza fue la que el 17 de noviembre de 2020 levantó el arresto domiciliario de la exministra Achacollo, por el caso Fondo Indígena, luego de que certificó que trabajaba en una empresa que distribuye material petrolero y que, además, requería atención médica por estar delicada de salud.

“Le han levantado la detención domiciliaria y se han mantenido las otras medidas sustitutivas”, informó entonces Milko Suaznavar, abogado de Achacollo.

Dijo que solicitó que se levante la detención domiciliaria porque su defendida ya estaba más de cuatros años con la restricción de su libertad y con la incertidumbre de no saber cómo acabaría este proceso.

La anterior semana, ya con su libertad recobrada, se vio a Nemesia cerca del expresidente Evo Morales, en un acto público en Santa Cruz.

Una revisión de la página web de la Contraloría General del Estado demostró que dos de sus hijas trabajan para el Estado, una de ellas precisamente en el área petrolera.

Sara Barboza Achacollo fue contratada como funcionaria en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Su declaración jurada de bienes la realizó el 11 de enero de 2021. En su informe solamente se registra una deuda de Bs 36.495. No tiene bienes registrados, ni tampoco rentas.

Por su parte, Rebeca Barboza Achacollo trabaja en el Consejo de la Magistratura. Realizó su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2020. Al igual que su hermana, no registra bienes propios, valores ni rentas. Solamente una deuda que alcanza los Bs 27.297.

El querellante en el caso, Rafael Quispe, lamentó la decisión de la justicia.

“Luego del desfalco en el Fondo Indígena, Nemesia Achacollo está libre. Veremos qué más hará la justicia en Bolivia”, manifestó entonces en su redes. Ahora, Quispe mantiene bajo perfil.

El 2 de julio de 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, la justicia le otorgó a Achacollo detención domiciliaria.

Quispe, que entonces era Director de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia, participó de la audiencia vía internet y protestó.

“Nemesia Achacollo, mujer fuerte, mujer poderosa del gobierno del MAS, ha sido una de las responsables, junto a Luis Arce Catacora del desfalco millonario que ha existido en el ex Fondo Indígena. Dinero que estaban destinado a los más pobres, a los más humildes; ambos se han robado, han despilfarrado y hoy como si no pasara nada, después de cinco años, el Ministerio Público, la Fiscalía no hace absolutamente nada”, protestó en un video.

El 22 de enero de 2010, Nemesia Achacollo atendió su celular y escuchó la voz de Evo Morales que le ordenaba viajar a La Paz y presentarse en Palacio a las siete de la mañana del día siguiente para jurar como ministra. Obedeció sin siquiera preguntar qué cartera ocuparía. El 23 de enero se formó en el hall de Palacio Quemado junto a otras 20 personas.

Antes de ser acusada, Achacollo sonaba para ser candidata a vicepresidenta en un futuro no muy lejano. Era una de las cuatro personas que había acumulado poder político en Santa Cruz, pero cayó en desgracia. “Alguien le dio un empujoncito y terminó en la cárcel”, dijo un excolaborador y añadió: “Si se pone a pensar quién se benefició con que ella esté presa, encontrará quién ha ganado más poder en el MAS de Santa Cruz”. En ese momento, Achacollo aguardaba en las celdas judiciales de La Paz su traslado a Palmasola. Todo eso quedó en el pasado.

Debate

La libertad de Achacollo ya es un hecho, pero esta reciente revelación, que sus hijas trabajan en el Estado ha vuelto a generar polémica en el ámbito político.

El senador del MAS por Potosí, Hilarión Mamani Navarro, señaló primero que desconocía que las hijas de Achacollo estaban trabajando en el Estado. “No sé nada absolutamente, lo que me dice es nuevo para mí”.

Sin embargo, consideró que “cada ciudadano, sea cual sea su historia, tiene derecho a trabajar, tanto en la empresa privada o también en cualquier función pública, porque la Constitución reconoce que tenemos derecho al trabajo. Las hijas de Achacollo deben llevar el pan a su casa y tienen todo el derecho”.

Sin embargo, admitió que la justicia debe encargarse de juzgar las acciones de la exministra “de forma transparente y efectiva. Hoy por hoy, vemos que en la justicia hay mucha chicanería, mucha tardanza. Hay consorcios de abogados, otros que no cumplen la función. Nosotros queremos que haya justicia ecuánime para todos los bolivianos”, aseveró.

Un criterio absolutamente opuesto tienen los representantes de la oposición.

La senadora Centa Rek, de Creemos, consideró que los puestos están repartidos “y definitivamente esto demuestra que sigue participando del Gobierno de forma activa, y cuenta con la posibilidad de dotar de cargos. Eso muestra también por qué la señora Achacollo, pese a que estuvo detenida, nunca fue condenada. La protección del MAS siempre la cubrió”, dijo Rek.

Lamentó que no importa la corrupción que sea “los afines pueden seguir accediendo a puestos y disfrutando del poder. Es un abuso de los bienes del Estado”.

La asambleísta opositora se refirió al papel que la jueza y ahora vocal Castro tuvo en este caso. “La justicia, y todos los operadores que han colaborado con el MAS, que están sometidos al régimen, por supuesto que reciben favores, premios. Eso lo estamos viendo desde el Gobierno de Evo Morales, y se repite ahora. No ha cambiado nada”.

Denunció que al Estado, “el MAS lo usa como propio. No existe en Bolivia que se investiguen hechos de corrupción. La de ellos no existe, pero la corrupción supuesta de los opositores es motivo de juicios penales, de persecución. No hay igualdad ante la ley, nada es equitativo. Tenemos un país que está yendo al desastre, el dedo del jefazo, el caudillismo”, lamentó.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, comentó que “en este caso se puede comprobar que hay tráfico de influencias.

Por un lado se refirió a que la exministra debiera estar en juicio por lo que hizo, se encuentra libre, codeándose con Evo Morales en actos públicos. Definitivamente, nuestra justicia está siendo manipulada por el MAS, y es en ese sentido que pese a que la exministra estuvo en la cárcel, está cubierta por un manto de protección”, aseveró.

A eso se suma, y lo vio con mucha gravedad “que sus dos hijas sean funcionarias públicas. Ahora resulta que recibe un premio. Estamos hablando de que se comete el delito de tráfico de influencias, es inadmisible”, dijo.