Dos informes internacionales urgen diálogo intercultural en Perú. Evo Morales salió en defensa del expresidente Castillo

7 de mayo de 2023, 4:00 AM
7 de mayo de 2023, 4:00 AM

La administración de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quedó en el foco de atención tras la divulgación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del observatorio internacional Human Right Watch (HRW), una ONG que siguió los violentos acontecimientos que se dieron en el vecino país entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de este año.

El balance del organismo Interamericano señala que, siendo presidente, Pedro Castillo “tomó la decisión por fuera de los procedimientos constitucionales de disolver el Congreso de la República (de Perú) e intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de reorganizarlos”. Además, el organismo recuerda que ese evento fue condenado.

Pero, el informe de la CIDH, a lo largo de nueve capítulos, pone sobre el tapete las bases del conflicto que afecta a Perú como “la desigualdad y la desconexión entre Lima y las regiones”. La CIDH considera que Perú “atraviesa una crisis institucional que ha debilitado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad del país”, que se han evidenciado en el contexto de las protestas.

“Se ha observado una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades, perpetuando la noción de que las personas campesinas e indígenas que protestan tienen vínculos con actos de terrorismo y que incluyen la utilización de palabras como terroristas, ‘terrucos’, senderistas o indios”, dice el texto que lleva por nombre ‘Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’. 

Esta estigmatización, señalan, “crea un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional y discriminación hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas originarios del Perú”. “Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.

Entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, 67 personas fallecieron, siete de ellas de las fuerzas policiales y militares.

“Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre”, manifestó en una conferencia virtual la pasada semana.

Por su lado, la HRW publicó el miércoles su informe final sobre las protestas sociales que se dieron contra el Gobierno de Boluarte. En el documento se menciona que existió “un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes”.