Dueños del edificio quemado solicitan acogerse a la Ley para regularizar construcciones ilegales
Existen órdenes de demolición. El proceso no fue concluido porque aún no se pagó los más de dos millones de bolivianos de multa
Los propietarios del 'Gran Vía Mall’, edificio que ardió en llamas este lunes por la noche en La Paz, solicitaron acogerse a la Ley municipal 467, de regularización de construcciones fuera de norma. Sin embargo, aún no recibieron respuesta, pues deben una multa de más de dos millones de bolivianos.
La revelación fue realizada por el subalcalde Centro, Jimmy Osorio, quien ratificó que la estructura era “ilegal” e incluso existían resoluciones que ordenaban su demolición, pero tampoco fueron concretadas.
“Ni el propietario ni el apoderado se han acogido todavía a esta norma. Sin embargo, la norma establece que cualquier construcción fuera de norma puede acogerse a dicho instrumento legal,, siempre y cuando pase los filtros correspondientes. La Ley 467 establece que una vez que el administrado defina o inicie su proceso de regularización, las subalcaldías emiten un auto de suspensión de todos los procesos que estén en curso para que pueda regularizar su construcción”, dijo.
La obra comenzó a edificarse en 2014 y enfrenta 11 procesos administrativos de fiscalización desde 2016, dos de los cuales fueron iniciados por la actual gestión, por no tener permiso de construcción y por daño patrimonial.
“Este predio no cuenta con la autorización respectiva, este predio que ha sido construido fue emplazado en más de 12 pisos. Desde la gestión 2016 ha sufrido 11 procesos administrativos de fiscalización, de los cuales nueve corresponden a la anterior gestión edil y dos nos corresponden. En la gestión 2016 ya se inició un proceso de fiscalización por construcción sin planos aprobados, esto quiere decir que no podía realizar ninguna obra”, agregó.
En 2017 se ejecutó un segundo proceso por la misma causa, el tercero fue en 2018 y durante la gestión 2019 se iniciaron tres procesos, uno de los cuales, el sexto, derivó en la emisión del mandamiento de ejecución de la orden de demolición de los bloques 1 y 2 del edificio.
En 2020 se emitieron otros dos procesos, uno de los cuales estableció la demolición de 2.335.81 metros cuadrados. El noveno proceso corresponde al 2021 y los dos últimos, impulsados por la gestión del alcalde Iván Arias, corresponden a este año.
Osorio explicó las razones por las cuales no se pudieron ejecutar las órdenes de demolición. “En el primer caso el acta notarial emitida por notario de fe pública establece que, al ser un predio privado y al no contar con la orden de allanamiento respectiva, los funcionarios no pudieron ingresar”, explicó la autoridad.
