Eduardo Rodríguez: “En 2018 hubo una aproximación diplomática para concluir el proceso judicial del Silala”

¿Podría recordarnos qué es lo que está pidiendo Bolivia a la CIJ en el caso del Silala? Esto tomando en cuenta que fue en su gestión que se presentaron los alegatos escritos tanto para responder a la demanda de Chile como para presentar la contrademanda o reconvención

Primero es indispensable precisar que fue  Chile quien demandó a Bolivia en junio de 2016. En síntesis solicitó a la CIJ  declare que el Silala es un “curso de agua internacional”  cuyo uso se rige por el principio  de derecho internacional sobre el uso equitativo y razonable de las aguas compartidas y por el que Chile tiene derecho a utilizarlas.  Bolivia a su vez presentó una contra demanda  referida a su capacidad de disposición sobre  los canales artificiales  y el flujo mejorado  que transcurre desde su territorio hacia Chile  y que debería estar sujeto a un acuerdo.

¿Hubo realmente un intento de negociación bilateral para evitar el proceso?

Sí los hubo.  En el pasado y con anterioridad a la demanda judicial, en 2000, 2002 y 2005 se exploró la necesidad de realizar estudios compartidos de toda la cuenca fronteriza. Luego  2009 , Bolivia y Chile  estuvieron próximos a lograr un acuerdo diplomático sobre la utilización de las aguas compartidas y para estudiar su naturaleza y acordar compensaciones. Esta iniciativa conducida por el entonces Canciller Choquehuanca  no llegó a término por la oposición manifiesta del Comité Cívico de Potosí. 

Posteriormente y apenas conocida la demanda chilena ante la CIJ, la comunidad internacional y  un organismo especializado que sigue con interés los conflictos sobre aguas transfronterizas para evitar su escalamiento y promover soluciones acordadas a partir de los principios del derecho internacional de aguas aproximaron buenos oficios  a Bolivia y Chile para  un arreglo. También en 2018 hubo una aproximación diplomática bilateral que abrió las posibilidades para negociar un acuerdo y concluir el proceso judicial. 

Estimo que una negociación hubiese contribuido efectivamente a zanjar el diferendo judicial e incluso trascenderlo con acuerdos más comprensivos para actualizar la información y gestión de todos los recursos  compartidos a través de la dilatada frontera. Las razones para todavía sostener el proceso deben explicarse por quienes condujeron y conducen la política exterior.

¿Cuáles serán las consecuencias del fallo de la Corte para el futuro de las relaciones?

Las consecuencias son varias y muy importantes para ambos países. Primero, significar que esa decisión enmarcará el entendimiento de ambos países sobre la naturaleza de fenómenos geográficos como el Silala a los instrumentos que rigen el derecho internacional de aguas como  el Tratado sobre aguas no navegables de las Naciones Unidas y otros que privilegian el concepto de gobernanza y cooperación para compartirlos y evitar nuevos conflictos. Otras tienen relación con la necesidad de actualizar los estudios sobre los recursos hídricos transfronterizos con nuestros cinco vecinos y el régimen jurídico aplicable.

Bolivia todavía tiene pendientes algunos diferendos sobre el tratamiento de recursos transfronterizos con el Perú. La demanda ante la CIJ llevó a Bolivia a realizar estudios complementarios para identificar con precisión científica la naturaleza del Silala, extrañados hasta entonces. El Presidente Morales sostuvo ante el Consejo de Seguridad en 2017 que el derecho internacional de aguas contribuye a adoptar nuevos paradigmas para una gestión  más efectiva y superar conflictos a través de una renovada diplomacia preventiva y efectiva de aguas transfronterizas. Es tiempo para que el Gobierno asuma estos paradigmas.

Bolivia estuvo al menos un año sin agente ante la Corte. ¿Cómo repercute esto en el proceso?

El gobierno de Añez demoró tres meses en designar un Agente ante la CIJ y el gobierno de Arce un año en hacerlo. Estas interrupciones deberán valorarse por el gobierno a tiempo de enfrentar las audiencias orales en términos de la preparación de los alegatos orales y las contingencias del diferendo y sus posibles resultados lo que incluye el ámbito de las relaciones diplomáticas bilaterales y la posición de Bolivia en materia de recursos hídricos transfronterizos.

Más allá del juicio, qué es lo que realmente representa para Bolivia y Chile las aguas del Silala. ¿Cree posible un acuerdo binacional de gran alcance tras este proceso legal?

Bolivia y Chile tienen una larga historia de diferendos y aproximaciones diplomáticas a lo que se suman dos litigios de proporciones. Más allá de esos antecedentes, creo que ambos países deben renovar su relación bilateral a partir del convencimiento de que son y seguirán siendo vecinos cuyas relaciones de complementariedad  son notables. Siempre sostuve que es imprescindible establecer relaciones diplomáticas plenas para forjar y sostener una relación bilateral productiva en todas las áreas comunes, incluyendo explícitamente  los temas del Silala y el marítimo. No debe olvidarse que fue la propia Corte Internacional de Justicia, la que a tiempo de desestimar la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al Pacífico para Bolivia, devolvió a ambos países el desafío de seguir negociando  una solución al subsistente problema de la mediterraneidad bajo el principio de la “buena vecindad”.

 Tomando en cuenta la sensibilidad del proceso, cree usted que se debería conversar con los actores sociales y políticos del país, particularmente de Potosí. ¿Esto se hizo en su gestión?

A mi retorno al país sostuve que el Gobierno debía transparentar la información relativa al proceso, los alcances de los informes científicos y la postura a sostenerse en los alegatos orales. Asumo que esta información contribuirá a completar o comprender mejor aquella que ya se hizo pública desde Chile y contribuirá al seguimiento de las audiencias orales. Durante mi gestión como agente se celebraron reuniones con diversos sectores, incluida una presentación que hice ante la población Potosina en el teatro Modesta Omiste.

Durante esta pausa, ¿el gobierno de Áñez y de Arce se contactó con Usted para contar con asesoramiento técnico y jurídico?

No, no fui convocado para asistir a ningún equipo o grupo de trabajo vinculado con el tema en ambos gobiernos. Acepté considerar una oferta de asumir cono Agente pero no se me informó sobre la hoja de ruta y las condiciones previstas para el seguimiento de la causa o la negociación para poder responderla.

¿Considera Usted posible que mejore el diálogo con Bolivia con el nuevo gobierno de Gabriel Boric?

Espero que sí,  en diplomacia siempre se abren los espacios, no se cierran.