Eduardo Rodríguez Veltzé: “La falta de independencia es manifiesta y las miradas externas lo corroboran”

A finales de 2020 llegó a formar parte de la “comisión de asesoramiento”, pero el Ministerio de Justicia abandonó ese plan y volvió a plantear una estrategia que aplicó en 2017.

_¿Qué aportes se pueden rescatar de la nueva cumbre convocada por el Gobierno?
Ninguno. La modalidad de “cumbres” para reformar la justicia bajo “ejes” predeterminados por el Ministerio de Justicia ya tuvo su primer fracaso hace seis años. Según la memoria del evento, esa cumbre partió de los mismos seis ejes diseñados por el gabinete jurídico del Ejecutivo y no tuvo resultados.

A mi juicio, para reformar la justicia en Bolivia es imprescindible partir de un diagnóstico comprensivo de todo el sistema —judicatura, fiscalía, defensa— rigurosamente diseñado, conducido profesionalmente y con participación plural. Sólo a partir de sus resultados se podrán diseñar políticas que comprendan la transformación estructural del sistema, de la legislación obsoleta, las modalidades de designación y evaluación de magistrados y fiscales, la gestión judicial, el presupuesto y las políticas públicas inherentes al sistema, como, por ejemplo, la hasta ahora ausente política criminal.

La reforma es un proceso complejo, altamente imparcial, muy autocrítico, reflexivo y de largo aliento que implica a los ciudadanos, a los órganos de poder público y a la clase política que debe facilitar consensos. No es un concurso de convocatoria popular ni político.

_El Comité Contra la Tortura ha señalado la falta de independencia de la justicia. ¿Cuál es su opinión? ¿Una reforma constitucional será la solución para este tema?
No sólo ese comité (CAT) lo señaló, también el informe del GIEI del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronunció sobre el deficiente papel del Ministerio Público en las causas penales surgidas a partir de la crisis de 2019 y la necesidad impostergable de una reforma estructural del sistema judicial, cuya falta de independencia es manifiesta. Esas miradas externas corroboran la percepción y constatación de la ciudadanía sobre el servicio judicial, cada vez menos accesible, menos confiable y abiertamente parcializado a intereses políticos y personales.

Estimo que este contexto abre un “momento constituyente”, en el que los titulares de poder constituyente y la soberanía popular, los ciudadanos, el pueblo, tienen la responsabilidad y el derecho a debatir y en su caso proponer soluciones que ameriten una reforma constitucional. No es una atribución exclusiva del Ministerio de Justicia y han surgido iniciativas en esa línea. Lo importante es mantener la pluralidad de opiniones y opciones para proceder.

_¿Está dispuesto a aportar en este proceso?
Sí. Me interesa mucho seguir su desarrollo y en su caso participar en un proceso participativo y con horizontes compartidos por los principales actores del sistema.