El Gobierno de los Estados Unidos activó una nueva fase de su política de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional y Bolivia aparece como uno de los países directamente incorporados a ese esquema de cooperación que se puso en marcha tras varios meses de negociación bilateral.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que la administración de Donald Trump impulsa la creación de la America’s Counter-Cartel Coalition —Coalición Anticarteles de las Américas, ACCC—, un nuevo mecanismo regional orientado a “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones criminales y carteles del narcotráfico considerados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras.
“Sí, deberían esperarlo”, respondió Hegseth en el programa Face the Nation, de la cadena CBS, cuando fue consultado sobre si Estados Unidos mantendrá participación militar en Venezuela y si pueden esperarse operaciones similares en países como Ecuador o Guatemala, donde Washington trabaja “con gobiernos aliados”.
“La estamos formando con gobiernos aliados en Centroamérica y Sudamérica para perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras y carteles del narcotráfico”, afirmó el jefe del Pentágono para precisar el alcance de las operaciones que prevé su país.
Cooperación antidroga
El anuncio se produjo poco antes que el Gobierno de Estados Unidos comprometiera 20 millones de dólares para fortalecer la lucha antidroga y contra el crimen organizado transnacional en el país, mediante una Carta de Acuerdo suscrita por el canciller Fernando Aramayo y la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Debra Hevia, quien está por concluir su misión en Bolivia. El entendimiento hace especial mención al respeto de la soberanía de Bolivia.
Según la Cancillería, los recursos serán destinados a cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado para instituciones de seguridad pública, investigación criminal y combate al crimen organizado.
“Bolivia reafirma su compromiso con una cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la acción coordinada frente a los desafíos comunes de seguridad”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La firma de este acuerdo marca un nuevo escalón en la recomposición de la relación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos, quebrada desde 2008 a nivel de embajadores tras la expulsión del entonces representante estadounidense Philip Goldberg durante el Gobierno de Evo Morales. Además, en la era del MAS, el gobierno boliviano expulsó a la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos.
Desde la llegada de Rodrigo Paz al poder, en noviembre de 2025, La Paz y Washington restablecieron el diálogo político y reactivaron canales de cooperación en seguridad, pero no han repuesto embajadores hasta el momento. Eso sí, la DEA reactivó sus operaciones junto con otras agencias internacionales, según lo resaltaron las autoridades del país.
Escudo de las Américas
El giro no es aislado. Paz participó en marzo de la cumbre del Escudo de las Américas, promovida por la administración Trump como una plataforma regional de coordinación política y seguridad frente a amenazas transnacionales. Ese bloque ya salió en respaldo del Gobierno boliviano durante el actual escenario de crisis social, marcado por bloqueos de caminos, desabastecimiento y movilizaciones que exigen la renuncia del mandatario.
El 5 de junio, los países miembros del Escudo de las Américas emitieron una declaración conjunta en la que condenaron los intentos de derrocar al Gobierno de Paz y denunciaron que grupos vinculados al narcotráfico y al crimen transnacional estarían financiando acciones de desestabilización en Bolivia.
El secretario de Defensa de EEUU en la entrevista con la CBS
“Narcoterrorismo”
Ese respaldo internacional coincidió con el discurso del Gobierno boliviano, que ha señalado la presencia de intereses “narcoterroristas” detrás de una parte de las protestas y bloqueos. En esa línea, el presidente Paz afirmó que el país enfrenta una amenaza que excede la protesta social y que involucra al crimen organizado.
La nueva estrategia estadounidense coloca ese diagnóstico en una escala regional. Hegseth sostuvo que Washington trabajará con gobiernos, fuerzas militares y capacidades especiales de países aliados para “cazar redes terroristas” en el hemisferio occidental, bajo una lógica similar a la que Estados Unidos aplicó durante dos décadas contra Al Qaeda e ISIS en Medio Oriente.
El funcionario hizo esas declaraciones tras defender el ataque militar que, según el presidente Trump, terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como fundador y líder del Tren de Aragua. Durante el último gobierno del MAS, Eduardo Del Castillo, quien fue ministro de Gobierno, llegó a negar la existencia de este grupo.
Consultado sobre por qué Estados Unidos optó por un ataque y no por una captura, Hegseth afirmó que Washington ya había demostrado capacidad para ejecutar operaciones de detención y sostuvo que, en este caso, se actuó bajo la lógica de combate a organizaciones terroristas extranjeras.
“Pudimos identificar dónde estaba y matarlo, tal como mataríamos a Al Qaeda o a ISIS, como hicimos en Medio Oriente”, declaró.
El secretario de Defensa también afirmó que Estados Unidos tratará a estas organizaciones criminales bajo el mismo parámetro aplicado a grupos terroristas internacionales. “Tratamos a estas organizaciones terroristas extranjeras de la misma manera, tal como lo hacemos con las embarcaciones del narcotráfico cuando identificamos que están operadas por esas organizaciones terroristas extranjeras”, dijo.
La DEA
Desde el retorno de la cooperación antidroga estadounidense, en noviembre de 2025, fueron capturados en el país varios integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho, dos organizaciones brasileñas con presencia regional. Además, fue detenido Sebastián Marset, requerido por Estados Unidos por una acusación vinculada al lavado de dinero.
Desde el 5 de junio, Washington incluyó al PCC y al Comando Vermelho en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Esa designación habilita sanciones financieras, bloqueo de activos y acciones contra redes de apoyo, logística y financiamiento vinculadas a esas estructuras.