EEUU apunta a policías por violación a derechos en Bolivia

El Departamento de Estado de Estados Unidos expuso a policías y militares como responsables de vulneraciones a los derechos humanos en Bolivia. El informe internacional refiere que los abusos se cometieron al momento de trasladar a los detenidos y para obtener información. Asimismo, el documento recoge hechos relacionados a la falta de independencia judicial, corrupción gubernamental, restricciones a la prensa y otros nueve tipos de vulneraciones.

“La constitución prohíbe todas las formas de tortura, coerción y violencia física y emocional, pero hubo informes de que los funcionarios del gobierno las emplearon. El código penal sólo prevé penas mínimas para las personas condenadas por tortura, pero ningún funcionario público ha sido nunca declarado culpable del delito”, señala el informe en la sección uno titulado “Respeto a la integridad de la persona”.

Detalla que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunciaron que el Ministerio de Justicia no denunció la tortura por parte de policías y militares, que la empleaban con frecuencia, según la Defensora del Pueblo Nadia Cruz. Explica que las formas más comunes de tortura para hombres y mujeres detenidos incluyen violación, violación en grupo por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia.

Entre las víctimas se menciona a Marco Antonio Aramayo, denunciante del desfalco millonario al Fondo Indígena en 2015, quien murió el 19 de abril del año pasado y cuyo relato de torturas y abusos fue publicado.

Otro hecho es la detención a11 cocaleros que protestaban en el mercado paralelo de la coca y que sufrieron contusiones. “Un abogado de los agricultores añadió que se les privó de alimentos y se les impidió reunirse con sus abogados mientras estaban detenidos. La defensora del pueblo también criticó el uso de gas por parte de la policía contra civiles durante las protestas”.

Otras vulneraciones

El informe además de la tortura o casos de castigo cruel, inhumano o degradante incluye 11 tipos de vulneraciones a derechos humanos como condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y existencia de las peores formas de trabajo infantil.

Respecto a la justicia, menciona que el Poder Judicial “permaneció sobrecargado y vulnerable a la influencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo”.

Entre los hechos que consideran donde se ejerció presión política se apuntan los procesos contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y contra el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien enfrentó 13 demandas, de las cuales 10 datan de su época como ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Jeanine Áñez.

“Por el contrario, pocos o ningún líder prominente del MAS enfrentó cargos penales a pesar de la evidencia bien documentada de irregularidades reportadas por periodistas de investigación. Los observadores describieron esta discrepancia como otro ejemplo de la politización del sistema judicial por parte del gobierno”, ejemplifica el Departamento de Estado.

Las agresiones a la prensa y los incidentes registrados en el paro de los 36 días en Santa Cruz también fueron tomados, como el caso del periodista de Unitel que casi fue linchado. “Una ONG registró 61 violaciones a la libertad de prensa entre enero y abril, muchas de las cuales fueron instigadas por el gobierno”.