El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a integrantes y colaboradores de grupos terroristas de extrema izquierda y otras organizaciones alineadas que promuevan, financien o faciliten actos de violencia política.
La decisión fue comunicada este jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que estas redes utilizan estructuras organizadas para intimidar, silenciar a opositores, alterar decisiones públicas y sabotear procesos políticos mediante atentados, asesinatos y otras acciones violentas.
La política permitirá restringir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo, participado en actividades criminales violentas o sabotaje económico, financiado operaciones, reclutado integrantes o proporcionado apoyo logístico.
También alcanzará a quienes faciliten la coordinación y convergencia de redes extranjeras con el propósito de organizar acciones violentas.
Según el Departamento de Estado, la medida busca impedir que estas organizaciones utilicen las vías migratorias para coordinar operaciones dentro del territorio estadounidense, afectar su estabilidad económica o poner en riesgo la vida de sus ciudadanos.
“Esta política protegerá al territorio estadounidense al restringir el ingreso de extranjeros que financien, recluten, inciten o permitan el funcionamiento de redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda”, señala el comunicado.
Las restricciones serán aplicadas con base en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que faculta a las autoridades a negar el ingreso a extranjeros cuando su presencia pueda generar consecuencias adversas para la política exterior del país.
El Departamento de Estado no detalló qué organizaciones serán alcanzadas inicialmente ni cuántas personas podrían quedar sujetas a las restricciones. La aplicación dependerá de la identificación de extranjeros vinculados con el financiamiento, reclutamiento, coordinación o apoyo de actividades violentas.
Durante la crisis social que enfrentó Bolivia entre mayo y junio, cuando se instalaron bloqueos, además de un cerco en La Paz y El Alto, el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó cualquier posibilidad de derrocamiento del gobierno de Rodrigo Paz. Los movilizados durante esas semanas exigían la renuncia del Jefe de Estado.
“El Departamento de Guerra y la Coalición Anticartel de las Américas (A3C) rechazan todo intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia", dijo la autoridad estadounidese el 4 de junio en un mensaje emitido mediante X.
"Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región", agregó entonces.
Adicionalmente y a inicios de junio, el gobierno de EEUU puso al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Ambos grupos operan en el país y fueron socios de Sebastian Marset, el narcotraficante que llegó a instalarse en Santa Cruz de la Sierra a pesar de la busqueda internacional que se había activado en su contra.