El informe sobre Derechos Humanos señala que el gobierno del MAS ejecutó detenciones indebidas y persecución judicial hace un año contra la exmandataria.

13 de abril de 2022, 4:00 AM
13 de abril de 2022, 4:00 AM

El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma que el gobierno de Luis Arce “ejerce presión” sobre la justicia boliviana para procesar a Jeanine Áñez sin respetar el debido proceso y cometiendo abusos contra la expresidenta transitoria. Así lo señala el informe de derechos humanos, presentado ayer por el secretario de Estado, Antony Blinken.

El documento señala que se cometieron detenciones indebidas, persecución judicial y “presión del gobierno, con motivaciones políticas” para influir en las decisiones de los administradores de justicia.

Señalan como muestra de estos actos de presunta presión la presencia del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, y del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como supervisores del arresto de Áñez en Trinidad,Beni.

“La presencia de estos altos funcionarios (Aguilera y Del Castillo), altamente irregular para una operación de arresto, era un indicador de que el gobierno en los niveles más altos estaba dirigiendo el proceso contra Áñez y otros, ejerciendo una presión tremenda sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, detalla el informe.

Asimismo, observan que Áñez debe ser juzgada como expresidenta en un juicio de responsabilidades y no en un proceso ordinario.

El escrito también refiere que en una entrevista del 23 de marzo, el ministro de Justicia Iván Lima dijo que el gobierno inició un proceso penal contra la exautoridad porque el oficialismo carecía de los dos tercios en el Legislativo para autorizar su juicio político.

“Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Áñez que en darle un juicio justo”.

Al momento Áñez enfrenta tres procesos en la vía ordinaria y cuatro juicios de responsabilidades que aún no prosperan en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El caso golpe de Estado II ya se encuentra en la etapa de juicio oral. La defensa afirmó que pretenden sentenciar a su clienta en “tiempo récord” y sin respetar los procedimientos.

Finalmente el informe refiere que pese al delicado estado de salud de la exmandataria, le negaron defenderse en libertad incluso cuando atentó contra su vida el 21 de agosto.

Fiscalía no presentó testigos

La defensa de la exmandataria continúa denunciando un juzgamiento presuntamente irregular con vicios que ahora se observan en la acusación en el caso golpe de Estado II del Ministerio Público, donde no se ofrecerían testigos.

Temen que mediante mecanismos no permitidos se dé la oportunidad de presentar los descargos a la parte acusadora.
En la acusación formal de la Fiscalía en el capítulo V sobre ofrecimiento de pruebas, solo se muestra un listado de actas de declaración de 2020 y 2021. Aunque algunos nombres presentan al final y entre paréntesis, la palabra testigo.

Entre los descargos que ofrece el Ministerio están las declaraciones de Lidia Patty, Oscar Antonio De la Fuente, Julieta Morales, Marcelo Cerezo, Rolando Gallardo y otros.

La audiencia por el caso golpe de Estado II se desarrolló ayer desde las 10.00. Las partes señalaron la cantidad de testigos que prevén citar en el juicio oral. Tras decretar un receso de 24 horas, el juicio se retoma hoy a las 08:30.
El Ministerio Público tiene previsto citar a 19 testigos
; el Gobierno, más de 30; la Procuraduría General del Estado más de 40; el acusado Flavio Gustavo Arce San Martín, cinco; Áñez, 45; y Pastor Mendieta, 66.

Sobre las pruebas documentales, el juez ordenó que los acusados accedan a una copia simple de todos los sobres que suman al menos 70.
Por su parte el abogado del excomandante del Ejército Pastor Mendieta, Juan Javier Peñaloza, señaló que la audiencia de hoy estaba destinada a presentar las pruebas documentales y no las testificales.

“Antes de ingresar a resolver estas cuestiones, el Tribunal preguntó a las partes la cantidad de testigos. (..) En su gran mayoría son arriba de los 40 testigos y en un inicio se dispuso que se presenten 10 por la parte acusadora y 15 por cada acusado. Pero se revocó”, explicó a EL DEBER. El juez determinó que luego se considerará la pertinencia o no de cada testigo.