Ejecutivo envía leyes para modificar el Código Penal y advierten ambigüedades

El Ejecutivo Nacional envió en marzo dos proyectos de ley que buscan crear siete delitos, hacer derogaciones y modificaciones a 17 artículos del Código Penal para agravar las penas o mejorar la redacción. Ambos proyectos están en tratamiento en sus respectivas comisiones de la Cámara de Diputados. La oposición advirtió que estas normas serían un intento de “criminalizar” a la población, ya que algunos delitos pueden ser sujetos a interpretaciones múltiples. El MAS afirmó que el Gobierno busca cumplir con sus compromisos internacionales.

El proyecto de ley 280 de “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas” no incluye nuevos delitos, pero modifica al menos seis artículos del Código Penal. La norma será tratada en la Comisión de Constitución que ayer postergó la “explicación” de la norma debido a la ausencia del proyectista y ministro de Justicia, Iván Lima.

El artículo 2 de la iniciativa legislativa modifica el Artículo 133 sobre terrorismo bajo el texto “será sancionada con privación de libertad de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto”. 

Establece al menos siete conductas y aclara que la movilización social con “finalidad de la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional” no será considerada como terrorismo. Esta modificación causó mayor controversia, ya que es considerada por la oposición y el sector gremial como una “criminalización” a la protesta social. 

De acuerdo al análisis de Comunidad Ciudadana, el proyecto 280 tiene algunas diferencias con la norma retirada 218, pero regula e intenta hacer modificaciones a seis delitos igual que en 2021. Como ejemplo citó la confiscación de recursos y bienes; terrorismo; financiamiento del terrorismo; legitimación de ganancias ilícitas; agente encubierto y entrega vigilada.

“Quiere decir que todos los contenidos de este proyecto 280 ya han sido archivados y cancelados en el proyecto de ley 218 como consecuencia del rechazo ciudadano masivo que no ha aceptado este estado policiaco que querían generar”, argumentó del diputado Carlos Arlarco, de CC.

Entre tanto, la Confederación de Gremiales de Bolivia se declaró en estado de emergencia para evaluar las medidas de presión y pidió el archivo del proyecto.

Ayer hubo algunos incidentes y reclamos para tratar este proyecto. El MAS argumentó que es necesaria la aprobación de este proyecto para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La bancada de Creemos envió una carta al presidente del GAFI, T. Raja Kumar, denunciando que el gobierno del MAS “busca una continua implementación de estrategias de hostigamiento, control y persecución con el objetivo de eliminar a la oposición política y civil”, bajo el argumento de cumplir las recomendaciones de la organización internacional. 

Los legisladores solicitaron al GAFI responder cuándo será atendido el caso de Bolivia, si ante la inexistencia de avances de las recomendaciones el país ingresará en una “lista negra” y, finalmente, si hay un ente consultivo dentro del GAFI para contrastar el proyecto de ley con las recomendaciones.

Nuevos delitos
El proyecto de ley 305 de “cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” fue enviado por el presidente Luis Arce el 7 de marzo e ingresó a la Comisión de Derechos Humanos para su debate. La propuesta intenta incorporar siete nuevos delitos al Código Penal, como crímenes de lesa humanidad; crímenes de guerra, agresión armada, ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias; actos de odio; tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, y disposición común.

El artículo 3 del anteproyecto señala que se incorpora al Artículo 138 del Código Penal el delito de crímenes de lesa humanidad que es el ataque generalizado o sistemático contra una población que incluya muerte, exterminio, violación, desaparición forzada y otros agravantes que también se encuentran en el Estatuto de Roma del que Bolivia es parte. La pena será de 30 años de cárcel y es un delito imprescriptible.

El delito de crimen de guerra establece 23 conductas que pueden ser penadas de 25 a 30 años de prisión. Es imprescriptible. A ello se suma, la agresión armada que apunta a una persona estando en condiciones de controlar la acción política o militar, con o sin declaratoria de guerra, ordene o participe de un ataque armado bajo pena de 30 años.

El parágrafo V incorpora al artículo 281 del Código Penal los actos de odio que sanciona a la persona que humille, menosprecie o cometa “descrédito” por racismo contra los afrobolivianos o personas indígenas originarios campesinos. La pena será de cuatro a ocho años de cárcel.

Para la senadora Centa Rek, Creemos, el Gobierno intenta “camuflar” leyes “lesivas”, bajo el pretexto de cumplimiento a convenios sobre derechos humanos. “Tiene una actitud muy perversa porque plantean la necesidad de cumplir con estas supuestas normas internacionales para generar una ley que es absolutamente lo contrario”, advirtió.

El proyecto de ley del presidente Arce habla de 11 modificaciones a similar número de artículos del Código Penal. Propone cambios en el artículo 138, tres puntos del artículo 281, el 291, 292, dos puntos del artículo 308; el 312 y el artículo 321. Modifica los delitos de genocidio; trata y tráfico de personas; discriminación; difusión e incitación al racismo o a la discriminación; sometimiento a la esclavitud o estado análogo; tortura; violación; abuso sexual; y tráfico de personas. 

La diputada María René Álvarez señaló que este proyecto “cobra más peligro” que la de anti legitimación debido a que hay “ambigüedad”. Se va a encarcelar, perseguir y dar sentencia a nombre de “discriminación” pese a ya existe una ley contra el racismo.

​