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"Fue aprobada la Petición de Informe Oral (PIO) al director del INRA, en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Fue programada para el 17 de agosto, esperamos que el INRA cumpla con este recurso de fiscalización, agotaremos todos los recursos que nos faculta la ley, para que responda ante los avasallamientos en nuestra región", informó en sus redes sociales la diputada por Creemos, María René Álvarez.

En la Petición de Informe Oral, Álvarez enumera una lista con 11 puntos a los que exige respuesta. Entre ellos, reportes sobre la toma ilegal de tierras en la Chiquitania; si en 2021 el INRA hizo inspecciones en el lugar para ver los avasallamientos; de qué manera estos avasallamientos afectan al Plan de Uso del Suelo (PLUS); si el INRA mantiene relación con Joel y Félix Ocampo, "quien encabeza los asentamientos en la Chiquitania, con el aval del INRAy de la ABT".

Del mismo modo, la petición de la diputada exige otros puntos, como el informe de la dotación de tierras en 2021; los criterios para la dotación; la cantidad de resoluciones hasta la fecha, los beneficiarios y las ubicaciones, y el fundamento técnico-legal. 

Álvarez también pidió que se explique sobre la cantidad de autorizaciones autorizadas para este año; si hay autorizaciones de asentamientos en áreas protegidas y si la inasistencia a la Comisión Agraria Departamental (CAD) fue decisión unilateral.

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras

En el documento, Álvarez también solicitó que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Rubén González Atila, informe si se ha realizado alguna auditoría al INRA y si conoce sobre las autorizaciones de asentamiento del ente agrario en la Chiquitania.

La diputada también requirió información al ministro sobre las razones para que se mantenga el interinato por años en la dirección del Instituto Nacional de Reforma Agraria, así como de las presuntas extorsiones y tráfico de tierras en la Chiquitania. Asimismo, la legisladora pide datos sobre el monto desembolsado, como manda el Decreto Supremo 0247/2009, para impulsar los asentamientos, el destino y el origen.

La solicitante de la Petición de Informe Oral además solicitó informe sobre la cantidad de recursos forestales decomisados, transferidos por la ABT al Viceministerio de Tierras y datos sobre a qué otros sitios fueron enviados.

Según Álvarez, el ministro también tendrá que presentarse a exponer su informe oral el 17 de agosto, junto con el director nacional del INRA, Eulogio Núñez.

"No pueden zafarse de la PIO, pueden postergar, seguramente algo inventarán, pero si tratan de zafar, cometerían incumplimiento de deberes", advirtió. 

Tras la ABT

La legisladora de oposición también mandó una comunicación a la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT), pidiendo audiencia con el director ejecutivo, Omar Quiroga, y exhortando a la institución a que cumpla con sus funciones. "Se evidencia que hasta la fecha no se realizan acciones concretas para desalojar de forma inmediata y para que se inicien los procesos contra los autores y coautores de avasallamientos ilegales, como informó el INRA; sin embargo, los desmontes persisten", dice la misiva.

Como diputada de la Chiquitania, junto con autoridades originarias, Álvarez dijo que están en emergencia. "No vamos a parar hasta que los avasalladores sean desalojados. Ya nos hemos reunido con la gente de Bajo Paraguá, ellos también se reunieron con la ABT, y prácticamente no dan respuesta alguna. Yo presenté la nota de comunicación, y si no se cumple esto, hemos quedado en acta con iniciar acciones penales, agotar todas las medidas, probablemente hasta hayan medidas de presión de parte de los ciudadanos, o seguirán desmontando, avasallando, etc.", lamentó.

 

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