El 40% de magistrados prorrogados fueron funcionarios públicos en la era del MAS
El actual presidente del Consejo de la Magistratura tiene el récord. Trabajó en seis ministerios, en la Cámara de Diputados y la empresa estatal de televisión. Otro grupo de magistrados viene de la cátedra universitaria
Asesores de alguna entidad gubernamental o de las organizaciones del pacto de unidad. Esos eran los cargos que tenían una buena parte de los candidatos a magistrados en 2017 y que ahora se autoprorrogaron en sus cargos. En el Órgano Judicial quedan 45 jueces que fueron electos ese año, de ese número el 40% tuvo vínculos con el Gobierno y las organizaciones que le sustentan.
“Nosotros estamos convencidos de que los magistrados, los cuatro que renunciaron corresponden al ala evista del Órgano Judicial”, llegó a admitir el ministro de Justicia, Iván Lima, respecto a las dimisiones de autoridades se prorrogaron en sus cargos tras cumplir el mandato de seis años otorgado por el voto.
EL DEBER revisó las hojas de vida de los 52 magistrados electos el 3 de diciembre de 2017. Entonces, se votó por 26 titulares y 26 suplentes. Para el Tribunal Agroambiental 10 magistrados; el Consejo de la Magistratura seis; el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional son 18 magistrados, nueve titulares y nueves suplentes, uno por cada departamento.
Según las hojas de vida, hay 18 magistrados en funciones que tuvieron vínculos con el Gobierno o grupos del Pacto de Unidad, aunque en ese momento se denunció ese extremo, las autoridades de entonces minimizaron los reclamos y los candidatos reivindicaron su “independencia”.
En el Tribunal Agroambiental, que tiene 10 magistrados, renunciaron dos: Elva Terceros Cuellar y Ángela Sánchez Panozo, a quienes Lima acusó de ser evistas. La primera ingresó al Estado en 2006 en el INRA. Desde 2007 estuvo vinculada al exministro Carlos Romero como su jefa de Gabinete en el ministerio de Desarrollo Rural, el de Autonomías y en el ministerio de Gobierno, hasta junio de 2017.
En el caso de Ángela Sánchez, ella es natural de Choquechampi-Chapare y trabajó desde 2006 en el INRA, unidad vinculada al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Trabajó hasta 2016 como profesional evaluador.
Gregorio Aro Rasguido, que es magistrado titular, nacido en Potosí, fue asambleísta por el MAS en la Constituyente, asesor del Pacto de Unidad. Después de la Asamblea fue al INRA, en 2009 ingresó al Ministerio de Autonomías, en 2013 al Ministerio de Gobierno, entre 2014-2015 fue asesor de la Cámara de Senadores. Su suplente, Juan José García Cruz, también trabajó en el viceministerio de Tierras.
María Teresa Garrón Yucra es otra magistrada que estuvo en el INRA desde 2004 hasta 2013, luego pasó al viceministerio de Tierras como jefa de unidad, en 2014 volvió al INRA donde permaneció hasta antes de presentarse como candidata a magistrada. Su suplente, Soledad Mirtha Quiroz Gonzales, trabajó en el INRA entre 2005 al 2016.
Soraya Céspedes Moreira trabajó en el INRA desde 2003 hasta antes de ser candidata.
Patricia Flores Marín era magistrada suplente, pero asumió la titularidad en reemplazo de Ángela Sánchez, tal como mandan los artículos 24 y 25 de la ley del Órgano Judicial (Ley 025). Esta magistrada trabajó en el Ministerio de Desarrollo Rural en 2012, luego estuvo en el INRA hasta el momento de presentarse como candidata.
El récord
Marvin Molina Casanova es el actual presidente del Consejo de la Magistratura. Era suplente de Dolka Gómez y asumió la titularidad cuando ella fue destituida. Este magistrado se vinculó temprano al Gobierno; estuvo en seis ministerios, siempre como asesor jurídico. Entre 2007 y 2017, con un breve paréntesis en 2011, además trabajó en la Cámara de Diputados y en la empresa estatal de televisión. Ningún otro magistrado de su ‘camada’ tuvo esa relación de dependencia estatal.
En julio de 2021 los consejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón fueron cesados en sus funciones; el tercer titular, Omar Michel Durán también debía renunciar en 2019 luego que fuera denunciado por violencia intrafamiliar, pero capeó esa tormenta. Estuvo vinculado a la confederación campesina Csutcb y fue asesor de municipios del norte de La Paz. Su suplente, Sandra Soto Pareja, trabajó en el Ministerio de Gobierno en varios periodos y la última vez desde 2012 hasta que se presentó como candidata.
Mirtha Meneses Gómez era suplente de Gonzalo Alcón y a la renuncia de este asumió la titularidad. Su hoja de vida describe trabajos en Cochabamba, en el municipio de Ivirgarzama como juez técnico y antes de ser candidata fue vocal del TDJ de Cochabamba.
El TSJ
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la renuncia de Esteban Miranda Terán fue tomada por el ministro Lima como la de otro evista. Ese magistrado estuvo vinculado a Evo Morales quien lo designó como ministro de la Corte Suprema de Justicia, en el periodo transitorio antes de las elecciones judiciales de 2011.
Fue uno de los candidatos de la primera elección judicial, sin embargo, perdió. Dos años después fue nombrado viceministro de Justicia. Luego se presentó como candidato en 2017 y fue electo, pero renunció el 10 de enero de este año.
La magistrada por Potosí Elizabeth Arismendi Chumacero es suplente de Edwin Aguayo Arando y según su hoja de vida fue asesora general de la Gobernación de Potosí hasta 2016, cuando el Gobernador era Juan Carlos Cejas (MAS).
En el caso de Ricardo Torres Echalar, esa autoridad fue presidente del TSJ hasta el 10 de enero de este año. Hasta antes de ser candidato, fue director departamental de la Procuraduría General del Estado (PGE) en Pando. En 2010 fue asesor de la Cámara de Diputados.
Los otros 15 jueces autoprorrogados no tienen vínculos con el Gobierno, según documentos.
El TCP
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene 18 magistrados de los cuales siete tienen como antecedentes haber trabajado en el Gobierno. Fue en este cuerpo judicial donde se presentó la primera renuncia de los autoprorrogados. Se trata del magistrado Carlos Calderón Medrano, quien renunció el 3 de enero indicando que la salida de la autoprórroga fue mal entendida por la gente y optó por retornar a su región, Santa Cruz.
El TCP se quedó temprano sin un magistrado, Orlando Ceballos Acuña renunció en noviembre de 2019 poco después de la dimisión de Evo Morales. Ceballos Acuña fue asambleísta de la Constituyente y en 2009 fue representante presidencial en Chuquisaca. Hoy Ceballos es abogado de Morales.
Su suplente, Paúl Enrique Franco Zamora, también se relacionó al MAS y con el Gobierno durante la Asamblea Constituyente. Fue asistente técnico del oficialismo; desde entonces trabajó de forma estrecha con el exfiscal general Ramiro Guerrero. En febrero de 2010 ingresó a la extinta Corte Suprema de Justicia. En 2012 pasó a la Fiscalía General del Estado y luego fue designado temporalmente como fiscal departamental de La Paz y retornó la Fiscalía.
EN 2017 LA BANCADA DEL MAS APLICÓ EL VOTO POR WHATSAPP Y LOS OPOSITORES DILATARON LA SESIÓN
Seis años después de participar de la sesión que aprobó la lista de 96 candidatos al Órgano Judicial, los asambleístas que participaron recuerdan que era inútil las denuncias de cuoteo porque el MAS tenía más de dos tercios en la Asamblea y holgura en el voto. Los asambleístas del MAS recibieron la lista por WhatsApp.
“Ellos (los del MAS) ya sabían que era voto monolítico, había variación para algunos, en sus teléfonos estaba todo, ellos sabían por quién votar”, relató, María Calcina quien fue diputada de UD y estuvo presente en esa sesión.
En una sesión de más de 30 horas los dos tercios del MAS se impusieron el 31 de agosto y aprobaron su nómina de 96 candidatos y en el que figuraba el actual ministro de Justicia Iván Lima como candidato al Tribunal Constitucional por el departamento de La Paz.
“Todos estábamos en un grupo de WhatsApp y nos mandaron la plancha, pero en número, porque nadie podría acordarse de nombres, entonces había que marcar solo los números”, relató un exdiputado del MAS que hoy trabaja como funcionario en el Gobierno.
De acuerdo con los archivos de ese entonces, primero se votó por la lista de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y al final al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El también exdiputado Amílcar Barral recordó que él fue parte de la comisión mixta de Constitución y participó en todo el proceso de preselección y afirmó que la presencia de candidatos-funcionarios era de conocimiento público pero que nadie objetaba por la abrumadora mayoría que tenía el MAS.
Dijo que ellos trataron de dilatar lo más que pudieron esa selección y por eso la sesión duró un poco más de 30 horas.
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