El año judicial comenzó con magistrados ocultos; hay protestas y denuncias

Sin una inauguración oficial del año judicial, con magistrados ocultos y protestas contra los tribunos que llaman a “la desobediencia civil” y la presentación de querellas penales, así comenzó el 2024 el Órgano Judicial en Sucre.

De hecho, el emblemático edificio blanco que alberga al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la capital del país, amaneció solitario y en silencio, sin el tradicional movimiento de cada 2 de enero de otros años, cuando autoridades del todos los órganos del Estado, comenzando por el propio presidente del país llegaban para dar inicio a las actividades de la institucionalidad judicial.

¿Y los magistrados y consejeros? Esa fue la consulta de la prensa chuquisaqueña en las oficinas del TSJ. No hubo respuesta oficial y solo se conoció que los magistrados sesionaron a puertas cerradas. Ninguno dio la cara.

Denuncia en la Fiscalía

Mientras tanto, unos 20 legisladores, entre senadores y diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), llegaron hasta la sede de la Fiscalía General del Estado en Sucre para presentar una querella penal contra los 26 magistrados y consejeros del Órgano Judicial, es decir, los del TSJ, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los del Tribunal Agroambiental y los miembros del Consejo de la Magistratura.

La bancada opositora presentó una denuncia contra estas autoridades por “usurpación de funciones”, un delito que pudieron haber cometido al ejercer sus mandatos por encima de los seis años establecido en la Constitución Política. Eso sí, hay un fallo del TCP que habilita un tiempo de gestión adicional sin fecha hasta que se realicen las elecciones Judiciales.

Tras presentar la denuncia, el jefe de bancada de CC, el diputado Enrique Urquidi, ratificó que su alianza política no permitirá que los magistrados y consejeros “gocen de su autoprórroga” y que usurpen funciones porque sus mandatos legales ya fenecieron.

“Le exigimos al fiscal general, Juan Lanchipa, de manera inmediata, a partir de mañana miércoles 3 de enero, iniciar de oficio las acciones penales por usurpación de funciones en contra de todos los magistrados del Órgano Judicial que han abusado de su cargo, han atropellado y han desconocido la Constitución Política del Estado y se han dado a la tarea de autoprorrogarse, dando un golpe judicial y un golpe a la democracia certero”, dijo Urquidi.

En la carta dirigida a Lanchipa, que acompañaba la presentación de la denuncia, CC exigió que el Ministerio Público forme una comisión de fiscales para iniciar las investigaciones y los procesos en contra de los magistrados y consejeros que “continúan de facto ejerciendo funciones”.

Análisis

En vez de los actos protocolares para dar inicio al Año Judicial 2024, en al menos tres ciudades hubo protestas en oficinas del Órgano Judicial. La principal se dio en el TSJ frente al Parque Bolívar, en Sucre, donde la plataforma ciudadana el Búnker Tercera República, instaló una vigilia al ingreso del edificio judicial para evitar que los magistrados ingresen a sus respectivas oficinas.

“Si están (en el TSJ) nosotros los vamos a detener, porque son exautoridades. Aunque ellos se autoporroguen, mínimamente ellos necesitan que un poder de Estado los valide. Estamos ante un vacío jurídico en Bolivia, nunca antes visto y la ciudadanía tiene que tomar control de las calles y de la institucionalidad de Estado”, dijo Agustín Zambrana, uno de los líderes de la plataforma.

“¡Fuera golpistas, fuera golpistas! No pueden estar en este edificio, no pueden permanecer, tienen que irse a sus casas, ¡fuera golpistas!, ¡no a los ‘masistrados’!”, fueron algunas de las arengas de los movilizados en el hall del palacio del TSJ en la capital de Bolivia.

Los activistas permanecieron en el lugar hasta horas de la tarde. Al mediodía almorzaron un ají de fideo de una olla común.

Asimismo, en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, las plataformas y activistas llegaron con carteles de protesta hasta las oficias de los tribunales departamentales de justicia para protestar contras los magistrados y vocales que se autoprorrogaron. “Son magistrados ilegales. Terminaron sus cargos el 31 de diciembre, hoy ya no son magistrados, el ejercicio de sus puestos son ilegales. Lo que estamos viviendo es un golpe de Estado desde la justicia porque no hay independencia de poderes”, dijo el activista Miguel Cañaviri.

“Son ilegales”

En esa línea, el expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, reforzó la exigencia de su bancada y pidió a Lanchipa “iniciar la acción penal contra las ex autoridades. “Desde hoy (martes) los Magistrados del Órgano Judicial Plurinacional ya no ejercen legalmente sus funciones; su decisión de prorrogarse vulnera la Constitución y genera una crisis institucional”, dijo.

También alzaron la voz los expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Jorge Tuto Quiroga, en contra de la autoprórroga de las altas autoridades judiciales.

Rodríguez Veltzé dijo que desde ayer los actos de los magistrados y consejeros “serán nulos por mandato de la Constitución”. En tanto, Quiroga alertó un escenario “muy complicado” este 2024 con “una inauguración judicial clandestina de magistrados autoprorrogados”.

Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo un desconocimiento generalizado a la autoprórroga de los magistrados. “A partir de mañana (miércoles) todo los actuados de los autoprorrogados sin inconstitucionales. No hay ninguna autoridad judicial y no habrá hasta que nosotros (el Legislativa) seleccionemos de acuerdo a la Constitución”, dijo el senador, Félix Ajpi, afín a la facción del presidente Luis Arce.

El diputado, Alberto Astorga, de CC, coincidió col Ajpi al señalar que cualquier acción de los magistrados no tendrá ninguna validez y desde el Parlamento acompañarán con controles y desconocimientos los actuados del Órgano Judicial. Convocó al desacato civil. “Llamamos a la ciudanía que no escuche las decisiones de estas personas que están autoprorrogadas de forma de facto. Es un desacato civil que se tiene que realizar porque estas personas están yendo contra la Constitución”, dijo el legislador.

“Los vocales, los jueces van a continuar, los que no pueden continuar son los magistrados. En este momento no tenemos TCP. No hay magistrados y el magistrado que emita un fallo va a ser penado y en un futuro irá a la cárcel”, afirmó el diputado ‘evista’, Renán Cabezas, quien consieró que el poder se concentrará en Arce.

Ayer por la tarde, el diario Correo del Sur informó que el magistrado del TCP Carlos Calderón optó por dejar su cargo. Esto por el posible efecto legal de la llamado “autoprórroga” de mandato que se asumió desde su entidad.