El apoyo que prestó Régimen Penitenciario a Aramayo fue solo no oponerse a su atención médica, según abogado
Héctor Castellón afirma que la familia pide que se esclarezca por qué se procesó a una persona inocente, "mientras se estaba escondiendo un fraude como el del Fondo Indígena"
Por: Walter Vásquez
El que Régimen Penitenciario no se haya opuesto a que Marco Aramayo reciba atención médica antes de su fallecimiento no es “brindar todo el apoyo” que un privado de libertad necesita en esas circunstancias, remarcó Héctor Castellón, abogado del ex director del Fondo Indígena (+).
“Resulta incongruente que se diga que se brindó todo el apoyo. Una cosa es decir, no nos opusimos a que le hagan el tratamiento, otra cosa diferente es decir que se brindó todo el apoyo. Esos aspectos son importantes y preponderantes para saber por qué Marco terminó en esa situación”, afirmó.
El abogado realizó estas afirmaciones este sábado a EL DEBER Radio, luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, asegurará el 19 de abril que “Régimen Penitenciario no ha escatimado los esfuerzos para salvarle la vida” a Aramayo, quien falleció pocas horas antes de esa declaración, tras pasar siete años detenido en diferentes cárceles del país.
Castellón detalló que el jueves 14 de abril, tras agravarse su estado de salud, Aramayo fue sacado de su celda en San Pedro con la ayuda de cuatro internos y que luego de recibir la autorización del gobernador del centro penitenciario lo trasladaron en un camión de Bomberos al Hospital de Clínicas.
Una vez en el lugar y al no contar con una prueba previa de antígeno nasal dificultó la atención del paciente, al que además se le debían hacer “muchos exámenes” para tener la cobertura de Régimen Penitenciario, por lo que todos los costos del proceso fueron cubiertos de forma particular.
Al día siguiente, las gestiones de un legislador permitieron el traslado del ex director del Fondo Indígena —ya en coma— al Hospital de Cotahuma, que sí cuenta con unidad de terapia intensiva. Allí, Aramayo permaneció hasta su fallecimiento a las 5:40 del 19 de abril.
La participación de Régimen Penitenciario en los hechos fue el asignar dos escoltas al detenido “y no oponerse a que reciba” apoyo médico, reiteró Castellón.
“Régimen Penitenciario es tan culpable como el Poder Judicial y el Ministerio Público de la muerte de Marco Aramayo”, porque esta muerte “no viene de ese día”, sino de “siete años de tortura constante, de traslados inhumanos y de una ausencia total de un control médico”, dijo el abogado.
La apropiación de recursos del Estado en el Fondo Indígena es uno de los casos de corrupción más grandes durante el Gobierno de Evo Morales. El “despilfarro y desfalco” en esa entidad, alimentada por recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos, según investigaciones del ex director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, y de la Fundación Pazos Kanki.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas fue creado vía decreto el 22 de diciembre de 2005 durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez. Su objetivo era administrar y ejecutar, “bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación”, el 5% del total de las recaudaciones del IDH y las donaciones para el desarrollo productivo de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas.
El directorio del Fondo estaba presidido en ese entonces por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e integrado por los ministros de Economía (Luis Arce), Presidencia (Juan Ramón Quintana), Planificación del Desarrollo (René Orellana) y Desarrollo Productivo (Verónica Ramos), entre otros.
“La investigación que se está pidiendo es para que se esclarezca por qué se trató a una persona así, mientras se estaba escondiendo un fraude como el Fondo Indígena”, sostuvo Catellón, quien considera que al momento no existe la voluntad ni política ni judicial de llegar al fondo de encarar una pesquisa real de los hechos.
“Que esa cúpula que manejaba (el fondo) a través del directorio responda, en el caso que tengan que responder”, subrayó.
Desde que el desfalco se dio a conocer, la administración del MAS ha tratado de minimizar el caso, llegando el entonces presidente Morales a decir que la oposición hacía “escándalo por dos millones y medio” de dólares.
A Marco Aramayo “se le ofreció hasta 40 veces que vaya a un juicio abreviado y que se declare culpable”, para que “esta tortura acabe. Y esa es la intención de una tortura, que acepte lo que no debe”, afirmó Castellón.
Según el abogado, a su defendido “le echaron la culpa” de las irregularidades cometidas “antes, durante y después de su gestión”, lo que derivó en al menos 250 procesos, a diferencia de la presidenta del directorio del fondo, la ex ministra Achacollo, quien enfrentó solo un proceso y estuvo detenida menos de un año.
