El caso de una jueza provincial pone en jaque al Consejo de la Magistratura por destituciones

Pastora Cabrera Misericordia, era una jueza de la niñez en Tupiza (Potosí), a quien en febrero de 2019 el Consejo de la Magistratura la despidió entregándole un memorándum de “agradecimiento de servicios”. Ahora, tres años más tarde, esa exautoridad ganó un amparo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y este fallo pone en peligro todas las destituciones que aprobó el Consejo de la Magistratura en este tiempo.

“El fallo tiene tres partes: la primera le da la razón a la jueza; la segunda ordena al Consejo de la Magistratura a reincorporarla a su cargo y si este estuviera ocupado que le de otro cargo con el mismo nivel salarial. La tercera es la más complicada porque instruye que en 90 días se realice una evaluación a los que son jueces y a los que formaron parte del Órgano Judicial. Al decir ‘formaron’ se puede interpretar que también deben ser incluidos todos los jueces a los que les dieron el memorándum de agradecimiento de servicios”, explicó el abogado constitucionalista, Israel Quino Romero.

En marzo de este año el Consejo de la Magistratura informó del cese de funciones de 11 jueces que liberaron a reos sentenciados y la remisión de otros siete a proceso disciplinario. En todo ese proceso de intervención de los juzgados que liberaron a asesinos y violadores se despidió a 38 jueces en todo el país.

La mayoría de estos 38 jurisconsultos recibieron su carta de “agradecimiento de servicios” que no es otra cosa que la destitución de su cargo. 

“Por ejemplo, el juez Rafael Alcón recibió su carta de agradecimiento de servicios”, recordó Quino Romero. Ese mecanismo fue adoptado por los consejeros para evitar el proceso interno o el proceso judicial que demandaría mucho tiempo; el memorándum abreviaba tiempos.

Rafael Alcón fue acusado de liberar al feminicida Richard Choque Flores, quien luego se salir de la cárcel siguió delinquiendo y asesinó a otras dos personas. Lo mismo sucedió con otros 37 jueces acusados de favorecer a reos condenados.

Según Quino, en el país hay 500 jueces transitorios, que son aquellos que fueron designados de manera temporal, hasta que el Consejo de la Magistratura llene esas acefalías con exámenes de competencia; los 38 jueces destituidos en los dos últimos meses forman parte de ese grupo y el fallo constitucional los beneficia.

“En el plazo de tres meses computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura proceda a la reglamentación de la carrera judicial, donde se proceda en justicia, a realizar procesos de evaluación, para la selección, permanencia, ascensos, traslados a capitales -entre otros aspectos- de todos los jueces que actualmente forman parte del Órgano Judicial, ya sea egresados de la Escuela de Jueces, elegidos por procesos de convocatorias y jueces transitorios que formaron parte del Poder Judicial, con la finalidad de formar parte de la carrera judicial del nuevo Órgano Judicial, de acuerdo a sus capacidad e idoneidad para los cargos que ocupan” señala el tercer inciso del segundo punto de la Sentencia Constitucional 0704/202-S1 que ganó la ex jueza de la niñez, Pastora Cabrera Misericordia y a la que accedió EL DEBER.

Ahora, el Consejo pidió la complementación y enmienda al TCP porque ese tercer punto favorecería a los jueces transitorios “que formaron parte” del ente judicial, lo que significa a los destituidos recientemente.