El Comité cívico y el Conade impugnan resolución de la Fiscalía para cerrar el caso fraude electoral

El Comité pro Santa Cruz y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) enviaron a la comisión de fiscales anticorrupción de La Paz un documento de 33 páginas en el que detallan  sus argumentos ante el "gravísimo intento de dejar en la impunidad el monumental fraude electoral del año 2019", donde impugnan la resolución de sobreseimiento del caso

"La justicia en Bolivia, en tiempos de Evo Morales, se convirtió en el más peligroso instrumento de persecución política al servicio del Poder Ejecutivo, perdiendo por completo su independencia e imparcialidad", indican ambas entidades en el informe que fue entregado el 4 de agosto.

Informe vinculante de la OEA

Apuntan a una irresponsabilidad del Ministerio Público en la interpretación y lectura de la información de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso de las fallidas elecciones de octubre de 2019, que fue pedido por el Gobierno de Evo Morales.

Apuntan que la Fiscalía no contempla los hechos que podrían consistir o derivar en un proceso de fraude electoral, pese a estar identificados, investigados y reflejados en el documento que fue presentado este 4 de agosto.

Dentro de los aspectos que no fueron analizados conforme a ley, se expone un listado de más de 120 elementos que pueden ser tomados como prueba; además, un listado de acciones, solicitudes de información o declaraciones de testigos que no fueron valoradas, por lo que se considera que existe una intencionalidad para cerrar el caso fraude por el Ministerio Público, a cargo de Juan Lanchipa.

El informe de la OEA adiciona 226 irregularidades en actas, producto de revisiones aleatorias para concluir manipulación del proceso electoral.

Además del informe de la OEA, la Unión Europea, la Universidad Mayor San Francisco Xavier, la Universidad Católica Boliviana, el Conade y la Sociedad de ingenieros de Bolivia realizaron informes independientes con las mismas conclusiones.

Informe de Ethical Hacking y la declaración de Neotec

Otro elemento para evidenciar que la tarea desarrollada por el Ministerio Público ha sido irresponsable es el informe preliminar de Ethical Hacking, y que pone por encima la declaración de Marcel Guzmán de Rojas, líder de la empresa Neotec.

Ethical Hacking, la empresa encargada de análisis de vulnerabilidades y pruebas de integridad de los sistemas electorales, reporta inconsistencias, así como también apunta a las acciones del Órgano Electoral y la empresa Neotec, esta última responsable del desarrollo, operación y soporte a los sistemas de cómputo preliminar y cómputo oficial.

Se detectan más de 12 irregularidades, incluida la instrucción de la presidente del TSE de cortar los sistemas de cómputo, traspaso por lotes de cómputos preliminares al cómputo oficial, sin pasar por sala plena de vocales electorales

A esto se suma la detección de servidores de cómputo alterno. Todos estos elementos están o estuvieron registrados en declaraciones ante el Ministerio Público, incluso como anticipo de prueba.

Informe de Édgar Villegas

Según la impugnación, la Fiscalía rescata tan sólo unas cuantas líneas que refieren a que la ciudadanía presenció y anotó distintas denuncias de fraude en los recintos electorales y no así la esencia y estructura del trabajo del ingeniero informático Édgar Villegas.

El Ministerio Público “desmerece por completo la labor de los profesionales bolivianos en la resolución de sobreseimiento y, por el contrario, enaltece documentos sin ningún tipo de valor legal", señala el documento de impugnación.

Villegas denunció públicamente que las actas digitales del cómputo preliminar, en gran cantidad fueron creadas de manera anticipada al proceso electoral, es decir, antes de la jornada de elecciones.

Una vez concluida la votación del 18 de octubre de 2019, se hacen virales denuncias de personas con familiares fallecidos que estaban habilitados para votar; durante los días del cómputo oficial son dados de baja del portal de consulta.

También se encuentran ánforas con papeletas de votación en localidades clandestinas.

Otras observaciones

A estos se suman otras observaciones donde especifican valoraciones erróneas, falta de fundamentación e incongruencias.

Además, en ese entonces se hace pública una denuncia de los funcionarios del Ministerio de Justicia. Señalaron que, por instrucciones de Héctor Arce Zaconeta, actual embajador ante la Organización de Estados Americanos y entonces Ministro de dicha cartera, fueron obligados a llenar papeletas de sufragio, asistir a marchas de campaña electoral, e incluso marchas en defensa del gobierno de Evo Morales. Esta causa fue excluida de revisiones

Argumentación técnica de los elementos del fraude

De acuerdo al reporte, hay una detección de serias irregularidades que comprometían al proceso electoral (misión OEA) cuestionando la cadena de custodia de las actas, desde los recintos de votación hasta los centros de cómputo.

1. Introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica BO1 y BO20 a los cuales se desvió de manera intencional la información del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

2. "Se mintió" sobre la configuración real del servidor BO1, implementado en la red Amazon.

3. Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico a una red fuera del dominio, administración, control y monitoreo del TSE

4. 1500 actas entraron directamente del TREP al cómputo oficial

Transparencia Bolivia

Ante la narrativa de supuesto golpe de Estado, Transparencia Bolivia realizó una revisión detallada, acta por acta del proceso 2019, llegando a las siguientes conclusiones: 9.111 actas con vicios de nulidad, faltas y delitos electorales. De las cuales 3.616 se confirma que la imagen digital del acta del cómputo preliminar no coincide con el acta digital del cómputo oficial.

En este sentido, se confirma que las sumas de los totales de votos emitidos y la suma por cifras de la votación en la papeleta no coinciden. Este fenómeno parece menor, pero en sí permitió dos acciones fraudulentas:

1. Manipulación del total de votos válidos, que traducidos en porcentaje permitían a Evo Morales una distancia mayor al 10% respecto al 2do oponente, evitando la segunda vuelta electoral.

2. Ocultar los ajustes manuales de los cómputos registrados al no contrastar validaciones de integridad de suma en el proceso.

Otros elementos relevantes al proceso no involucrados en el estudio pericial:

1. Falsificaciones de firmas

2. Alteraciones de actas

3. Ruptura de la cadena de custodia 

4. Vulneración a los procedimientos operativos de control en las actas

"Finalmente y lo más grave entre todas las evidencias operativas del fraude fue el accionar del Órgano Electoral en su conjunto. El proceso 2019 no tuvo una sola acta anulada, hecho nunca antes visto en la historia electoral boliviana", apuntaron desde el Conade y el Comité cívico cruceño.

Según el documento, esta situación se debe a las omisiones de los vocales electorales, tanto de los tribunales departamentales como del Tribunal Supremo Electoral, que "aprobaron absolutamente todas las actas sin consideración a las normas básicas del proceso de votación", integridad de actas sin firmas, huellas y/o documento de identidad de los jurados a la apertura y cierre de cada mesa de sufragio, constituyendo a partir de las faltas de los jurados a delitos electorales en su aprobación y posterior cómputo.

Con esta exposición quedaron presentados los instrumentos informáticos, operativos y normativos de manera general, que en suma conforman el aparato del fraude, según los cívicos; sin embargo, existen elementos adicionales que no pueden ser omitidos en un análisis de detalle.