El coronavirus relega el tratamiento de 470 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa

Cerca de 470 proyectos de ley están “en tratamiento” en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si bien en las últimas semanas se han priorizado los proyectos relacionados a la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus, varios otros quedan pendientes, según se puede constatar en la página web de la Cámara de Diputados.

Desde que se inició la cuarentena en Bolivia, la Asamblea Legislativa Departamental ha modificado su forma de trabajo. En ambas cámaras, para que se puedan llevar a cabo las sesiones, se requiere la presencia física de la mitad más uno de los legisladores y los demás pueden asistir mediante videoconferencia. 

De esa manera, se han aprobado leyes de auxilio ante los problemas generados por la pandemia y por las medidas de contención del virus, como la que condona un porcentaje del pago de servicios básicos y flexibiliza los plazos para el pago de créditos.

Entre los proyectos pendientes, quedan al menos 20 vinculados a la pandemia. Entre ellos, la obligatoriedad de cremar a los muertos por coronavirus, la flexibilización en el pago de alquileres y la reducción del salario de cargos públicos jerárquicos, montos que podrían ser destinados un fondo de auxilio a personas con Covid-19.

Sin embargo, un tema preocupa más a los legisladores por una cuestión de plazos y es la convocatoria a nuevas elecciones, luego de que las previstas para el 3 de mayo fueran suspendidas por la cuarentena.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió un proyecto de ley, el 27 de marzo, que establece que los nuevos comicios deberán celebrarse entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. Sin embargo, en la víspera, el presidente del TSE, Salvador Romero, modificó estas fechas tentativas a entre el 28 de junio y el 27 de septiembre.

En la bancada del Movimiento Al Socialismo cuestionan que el proyecto “sea abierto” y no tenga una fecha determinada. “La Asamblea no pone fecha, habilita el proceso electoral en equis cantidad de días. Para eso se requieren ciertos criterios, no podemos decir ‘de junio a septiembre’”, explica la senadora Adriana Salvatierra (MAS). Aclara, no obstante, que no se puede forzar un proceso electoral en estas condiciones sanitarias y que “primero está la vida”.

Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata, sostiene que “hay un avance importante” de este proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que se debe aprobar la propuesta que hizo el TSE. El plazo máximo para aprobar esta norma es el 3 de mayo y si hasta entonces no se aprueba la norma, “se abrirá un margen de ilegalidad”.

Ambas autoridades, consultadas sobre el trabajo del Legislativo en tiempos de cuarentena, señalan que el ritmo se ha mantenido con sesiones parcialmente virtuales y con otro tipo de funciones, como fiscalización y el trabajo de comisiones.

Algunos temas pendientes

10% para la salud

Ayer se cumplieron 150 días desde que se presentara el proyecto para destinar el 10% de los recursos públicos a la salud. El padre Mateo Bautista, uno de sus impulsores, lamenta la lentitud en la que avanza el proyecto y sostiene que debería ser aprobado en el primer semestre del año, antes de que se elaboren los presupuestos del 2021.

La norma está ‘congelada’ en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Defensor del Pueblo

Desde enero de 2019, ejerce el cargo de manera interina Nadia Cruz Tarifa quien asumió luego de la renuncia de David Tezanos Pinto, electo en 2016. Tezanos abandonó el cargo luego de una ola de críticas en su contra por utilizar las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para exponer en conferencia de prensa problemas sentimentales con su esposa.

En noviembre del año pasado se puso en agenda la elección de un nuevo defensor pero debido a los conflictos sociales post electorales, esta fue suspendida. En el contexto actual, tanto Salvatierra como Ortiz ven poco viable la elección de la nueva autoridad debido a que se realiza mediante convocatoria pública y los postulantes deben recabar una serie de documentos, algo que en medio de la cuarentena no es viable.

‘Perdonazo’ tributario

Se trata de una propuesta de la presidenta Jeanine Áñez que contempla reducir la prescripción de deudas de ocho a cuatro años y reducir hasta un 90% las multas e intereses de las empresas. Sin embargo, a 40 días de haber recibido el proyecto, la Asamblea aún no debate su factibilidad.