Escucha esta nota aquí

El Ejecutivo nacional, a través del ministro de Energías, Álvaro Rodrigo Guzmán, presentó una acción de libertad para evitar que la Asamblea Legislativa Plurinacional incluya en el tema del día de la sesión de hoy el informe de la Comisión Especial Mixta sobre una supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales en los hechos ocurridos en Senkata, Sacaba  y Yapacaní, en noviembre de 2019.

Para el Ejecutivo, hay vicios de forma y fondo en la convocatoria de la Asamblea Legislativa para llevar adelante su trigésima octava Sesión Ordinaria, en la cual se incluyó de manera "ilegal e irregular" a la Orden del Día' la lectura del informe de la Comisión Especial Mixta. En dicho informe se indica que hubo una vulneración de derechos y garantías constitucionales en las movilizaciones de Senkata y Sacaba por las autoridades del Gobierno transitorio de Jeanine Añez.

En su condición de afectado, el ministro Guzmán interpuso una acción para que dicho informe no sea leído en la señalada sesión, ya que se viola el proceso desde diferentes aspectos, entre ellos que los acusados no han tenido el derecho a la defensa y a ser escuchados.

El informe de la Comisión Mixta concluye que los que irán a juicio son los firmantes del Decreto 4078, que son la presidenta Jeanine Áñez, ministros y exministros como Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez Castillo, Roxana Lizárraga, entre otros.

El Decreto 4078 fue emitido el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez jurara a la presidencia y había conflictos en todo el país. El artículo 3 de esta norma eximía de responsabilidad a los militares que participen en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, quienes estarían exentos de responsabilidad penal cuando obren en cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Volviendo al tema de las supuestas irregularidades de la Asamblea, desde el Ejecutivo se indica que la mencionada sesión, al ser la última del periodo 2015/2020, su único objetivo debía ser la clausura de dicho periodo legislativo (ese era el 'Orden del Día'), pues al haberse acreditado nuevos asambleístas (que salieron de las elecciones del 18 de octubre), los cesantes carecen de facultades para realizar cualquier acto inherente al cargo que dejan.

En el Ejecutivo observan que  los asambleístas estarían usurpando funciones y sus actos serían nulos, pero además dichos actos pondrían en riesgo los derechos y garantías constitucionales de las autoridades y exautoridades del Gobierno transitorio, por lo que conminan a la Justicia a no leer dicho informe y menos ser aprobado.

Sobre el posible juicio, la presidente Jeanine Áñez pidió respetar la libertad y la Ley. “El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”, expuso sobre este tema, vía Twitter.