El Estado regateó indemnización de las víctimas del caso Blas Valencia y consiguió pagar la mitad

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que la indemnización de $us 800.000, por el caso Blas Valencia, es la mitad de lo que las víctimas habían solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

"El Estado puede llegar a soluciones amistosas que están bajo un sistema de confidencialidad. (...) Yo no podía salir a los medios (de comunicación) a decir que estamos hablando con las víctimas Valencia Campos, o con un número de víctimas; esto dicen o no dicen; no lo puedo hacer. El monto, que ahora la Corte ha indemnizado a las víctimas, es mucho más inferior al que pretendían llegar en el acuerdo. Casi la mitad de lo que  planteaban en la solución amistosa, es lo que ellos han recibido", manifestó.

Reprochó que un medio de comunicación, sin mencionar el nombre, lo haya acusado por "falta de diligencia" y, en consecuencia, como responsable del fallo contra el Estado boliviano.

"Hemos tenido una decisión atinada al momento de tomar los parámetros y cuidando los dineros del Estado; no son mis dineros. No hemos podido suscribir un acuerdo y, en consecuencia, cualquier acercamiento con las víctimas siempre lo hacemos de buena fe y tenemos nuestros límites, primero son los intereses del país", manifestó.

Sobre el mismo caso Valencia, el procurador dijo que es probable que la población cuestione cómo es posible que Bolivia pierda frente a quienes organizaron el asalto a la remesa Prosegur en 2001; y respondió que no son juicios perdidos sino que son de responsabilidad del Estado por inacción del sistema de investigación penal.

Las víctimas de este hecho suman 26 y, dentro de la denuncia se especifica: retardación de justicia, actos de violencia excesiva por los agentes estatales, tortura, violencia sexual e incomunicación.

Chávez dijo que ni el gobierno de Luis Arce ni el del expresidente Jorge Tuto Quiroga son responsables personales de estos casos, como el de Brisa Angulo y Valencia que datan de hace más de 20 años, sino que se juzga al Estado.

"Ahora cuando salen los casos endilgan a los presidentes y eso no es así, son responsabilidades de Estado. Creo que es bastante injusto que, a la actual gestión del presidente y del procurador, se nos quiera endilgar casos de hace 20 años y otro de 43 años atrás", reiteró.

Desaparición de Carlos Flores en 1980

Otro fallo de la Corte IDH contra Bolivia fue la resolución a la denuncia de 2006 hecha por las hermanas del exdiputado Carlos Flores Bedregal, el 17 de julio de 1980.

"No somos el Ministerio Público para encabezar la investigación, pero sí hemos coadyuvado y estado pendientes en varias acciones para dar con los cuerpos de  Carlos Flores, Marcelo Quiroga y otras víctimas (que desaparecieron el mismo día). Al no haber dado justicia a las víctimas y no ser encontrado el cuerpo de esta persona, era natural que la Corte asuma una responsabilidad por parte del Estado", apuntó.

Dentro de las exigencias de la Corte IDH para Bolivia se cuentan: una indemnización y tareas de investigación que deben desarrollarse en un año seis meses, bajo seguimiento internacional de los avances.

Caso Brisa Angulo Lozada

El caso de la joven Brisa Angulo data de entre mayo de 2001 y 2002. Cuando era una niña fue víctima de vejámenes sin respuesta de la justicia. Luego de 10 años Angulo interpuso la denuncia ante la Corte Internacional.

"La Corte ordena que sigamos con la investigación y demos con el autor, y se le sancione penalmente y, lo más importante, que nos ordena a mejorar nuestra normativa para prevenir que niños, niñas y adolescentes puedan ser objeto de vejámenes", aclaró Chávez.

Además, Bolivia debe mejorar la información del sistema educativo y realizar un reconocimiento público a Angulo Lozada. El procurador aclaró que coordina junto con el ministro de Justicia, Iván Lima, cómo notificarán a la peticionante y definir la mejor estrategia para cumplir con la sentencia de la Corte IDH. En este caso, Angulo renunció a cualquier tipo de indemnización.

Respecto a los casos que se produjeron en el gobierno del MAS, el procurador informó que, por ejemplo, las medidas cautelares solicitadas por Jeanine Añez y tratadas por la Procuraduría cumplieron las normas internacionales.

Sobre el caso Asalto al Hotel Las Américas y la denuncia admitida de Branko Marinkovic ante la Comisión Interamericana de Derechos HUmanos (CIDH), dijo que están considerando la respuesta velando por los intereses del Estado.

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