El abogado defensor del exdirector de Tierras reveló que hubo contactos telefónicos con la persona que denunció el ilícito. El ministro de Gobierno afirmó que Inteligencia hizo un seguimiento a los acusados

15 de abril de 2021, 23:21 PM
15 de abril de 2021, 23:21 PM

La “transacción” tenía que haberse desarrollado en Santa Cruz porque los interesados están en este departamento. No obstante, la operación ilegal fue pactada para el miércoles por la noche en La Paz, fuera del horario laboral para no levantar ninguna sospecha.

Este hecho forma parte de una serie de procedimientos irregulares identificados por el Ministerio Público, que planteó una acusación formal contra Edwin Characayo, quien hasta hace poco fue ministro de Desarrollo Rural.Junto a la exautoridad, acusada de beneficiarse del cargo y de otros delitos vinculados con la extorsión, está siendo procesado el exdirector de Tierras Híper García.

Con esos antecedentes, la jueza anticorrupción Claudia Castro ordenó la detención del exministro por cinco meses en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y por ese mismo tiempo, García será recluido en San Pedro, de La Paz.

En ese tiempo, la Fiscalía sustanciará la acusación relacionada con el saneamiento del fundo El Triunfo II, ubicado en San Ramón a184 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra.

El abogado César Rojas, que patrocina al exministro, anunció anoche que apelará la decisión de la jueza porque “la Fiscalía no pudo sostener los riesgos procesales” de fuga y obstaculización con los que se asumió la detención.

Characayo y García fueron aprehendidos el 13 de abril por la noche, luego de haber recibido $us 20.000 de la persona que activó la denuncia en su contra.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía tienen elementos que muestran al exministro como líder de una organización corrupta que se armó en esa entidad pública, precisamente para “regularizar” propiedades rurales y productivas.

Esta organización operaba en tres niveles de coordinación y Characayo era quien avalaba las acciones, a cambio de “un estipendio” que, el caso del fundo El Triunfo II, era de $us 100.000.

“Ese monto era para el ministro; $us 80.000 eran para el intermediario y $us 200.000 para otros funcionarios”, que estaban a cargo de los trámites técnicos de saneamiento de tierras en Santa Cruz, explicó ayer a los periodistas el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar.

El “intermediario” era precisamente Híper García, quien estaba junto al exministro cuando se realizó la frustrada operación en el paseo El Prado, uno de los sitios más concurridos de La Paz, ubicado a tan sólo siete cuadras de la Plaza Murillo, donde está la sede del Gobierno.

Agentes de Inteligencia y oficiales de la Felcc intervinieron en ese momento y sorprendieron al exministro con el sobre del dinero que estaba al interior de una mochila. El ministro de Justicia, Iván Lima, pidió a las personas que hubiesen sido afectadas por la red que creó Characayo acudan a su despacho para denunciar.

Inteligencia

“Estamos frente a una organización criminal, no hay otra palabra para calificarla. Hay prueba contundente de que sí hay delito de orden público”, señaló Lima, quien dijo que había $us 380.000 involucrados en la operación.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló ayer que el sábado 10 de abril recibió una serie de denuncias que apuntaban a Characayo. Señaló que se comunicó con el presidente Luis Arce para informarle sobre el contenido de las acusaciones e instruyó a la Policía ejecutar la investigación.

“Gracias a nuestro grupo de inteligencia, gracias a la tecnología con la que contamos, hemos podido hacer un seguimiento a estas personas que extorsionaban a los ciudadanos bolivianos”, afirmó Del Castillo.

En todo caso, confirmó que hay otros funcionarios, cuyos nombres no fueron desvelados, que tendrían responsabilidad en este caso. “Vamos a continuar con este trabajo y felicitamos la actitud que está teniendo nuestro director nacional del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria)”, Eulogio Núñez, añadió Del Castillo.

Pero, el sector intercultural, uno de los más representativos del Movimiento Al Socialismo (MAS), y que apoyaba a Characayo, exigió la renuncia de Núñez y la anulación de medidas emprendidas por esta autoridad. “No ha existido una buena relación entre la dirección del INRA y el exministro, habrían tenido incluso algún tipo de discusión”, reveló Rojas.

Alegatos

Precisamente, el jurista argumentó ayer que no existirían las pruebas necesarias para sostener la hipótesis de la “organización criminal” que expuso el Gobierno. Por eso, se preguntó por qué no figuró el tipo legal “de asociación delictiva” en la imputación inicial.

Según Camacho, su defendido no tenía conocimiento exacto de lo que contenía y que acudió a la cita, pero con la idea de asistir a una reunión con su colaborador.

El miércoles por la noche, la Policía con el respaldo de la Fiscalía allanó la vivienda del exministro y luego la de su colaborador. Secuestró una computadora y documentos que son del Ministerio de Desarrollo Rural. Este material fue expuesto a la vista judicial de ayer.

“Mi defendido hizo solo un enlace entre la denunciante, la señora Daren Smith Flores, con el señor Characayo. Los denunciantes llamaron a mi defendido vía celular y es por ahí que se hace el contacto”, afirmó el abogado de Híper García, Ramiro Villazante.

El jurista aseguró que tampoco conocía si al interior del sobre existía dinero. “Los denunciantes entregan el sobre al ministro (Characayo) y él solicita a mi defendido, que era su dependiente, que le pase su mochila. Y allí vio que se introdujo el sobre manila cerrado que contenía supuestamente $us 20.000”, remarcó.

El proceso legal que se instauró contra las dos exautoridades comenzó con las declaraciones de dos personas. Por una parte, la ciudadana Daren Smith Flores, que era la encargada de hacer el trámite ante el INRA y el Ministerio Rural y Tierras, y también de Hormando Salvatierra Melgar, abogado que tramitaba la titulación para los propietarios del predio. “El Triunfo II no es una propiedad de mil metros cuadrados; tiene una inversión importante de capitales canadienses y de otros inversionistas. No es correcto que ellos, si no quieren ser parte de este proceso, deban participar. Nosotros, como Ministerio de Transparencia actuamos y damos la debida protección a las víctimas”, afirmó el ministro de Justicia a El DEBER.

El tema no es nuevo porque hubo una serie de denuncias que llegaron a los ministerios de Gobierno y de Justicia, así como a la Fiscalía, dijo el ministro Lima, en los que había temas que “no se estaban llevando de la manera correcta “respecto a la tierra”.

La Fundación Tierra señaló en una carta abierta divulgada ayer, que el tráfico de propiedades se intensificó desde 2011 con el caso “INRA paralelo”, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, sobre la titulación irregular de predios.

“El INRA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre 2014 y 2019, firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. Pero, en lugar de transparentar este proceso, el INRA ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están estas tierras y qué extensiones tienen. En los hechos, muchas son comunidades fantasmas en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales”, señala el documento presentada por esta organización.

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